Capítulo #2 – Uruguay: Abortar con ley y un gobierno anti-derechos
Por Daniela Cardano
Uruguay es el primer país de América del Sur que reconoció el derecho a abortar, en el año 2012. Con una ley que entró en vigencia hace casi nueve años y que tiene ciertas restricciones para el acceso, desde las Lilas – Red de Acompañamiento Feminista en Aborto de ese país, dicen que falta mucho por hacer, revertir y luchar. En un contexto donde el presidente uruguayo declaró públicamente que el gobierno tiene una agenda “pro-vida”, ¿alcanza una ley con un Estado que aplica una “política de desestímulo de abortos”?
Modificaciones al código penal uruguayo, decretos, decenas de proyectos, vetos presidenciales y hasta una consulta popular para convocar a un referendo para anular la Ley 18.987 de 2012, que afortunadamente no prosperó.
Si bien Uruguay pareciera ser un precursor en garantizar el derecho a abortar de las mujeres y personas con capacidad de gestar, el camino político no fue, es, ni será tarea sencilla. El código penal del país criminalizó el aborto en 1898, figura que aún sigue presente; es decir, si una persona aborta por fuera del sistema de salud y sin respetar los plazos establecidos en la ley, el aborto sigue siendo un delito.
El nuevo gobierno de derecha, presidido por Luis Alberto Lacalle Pou, no solo deshecha la idea de despenalizar los abortos, sino que está empeñado en desestimularlos brindando a las personas con capacidad de gestar que desean abortar otras “opciones”, como por ejemplo la adopción o, lo que es peor, ofreciendo “becas en universidades privadas” para los hijos e hijas, luego de 18 años de su nacimiento. Una compleja relación entre lo legal y lo legítimo en las prácticas profesionales, que en su lugar dentro de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) pueden inhibir el acceso al aborto legal, con absoluta complicidad del Estado uruguayo.
El camino hasta la Ley 18.987
A partir de 1985, con la vuelta de la democracia, se presentaron durante las dos primeras décadas en el Parlamento uruguayo más de 20 proyectos de ley que buscaban que el aborto sea legal,aunque ninguno de ellos prosperó para lograr su aprobación.
Organizaciones feministas llevaron sostenidamente acciones e intervenciones para poner en el centro el derecho a abortar. En el año 2008 se produce el primer acercamiento concreto al aborto legal en el país, cuando el Parlamento aprobó una “Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” que incluía puntos relativos a la interrupción voluntaria del embarazo, pero el jefe de Estado Tabaré Vázquez decidió vetar dichos artículos, enviando a la cárcel a las mujeres y personas con capacidad de gestar que abortaban, e incluso a aquellas personas que las ayudaban, eventualmente, a concretarlo.
Campaña Aborto Legal: “Sí a la Ley” (MYSU – 2008)
Durante cuatro años más sin garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, cuando los datos oficiales decían que se realizaban 33.000 abortos clandestinos al año, en 2012 en el gobierno presidido por José “Pepe” Mujica logró promulgar la ley.
De nuevo, una historia repetida: sectores políticos anti-derechos, con el apoyo de la Iglesia Católica, no sólo accedieron a modificar el contenido del proyecto de ley haciéndolo más restrictivo, sino que al año siguiente de su aprobación intentaron derogar la ley a través de un referendo. La iniciativa fracasó y la Ley 18.987 quedó legitimada por voluntad popular, refrendada por defecto.
La ley firme desde 2013 determina que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar uruguayas y extranjeras con residencia mínima comprobable de un año en el país, pueden acceder al aborto en el sistema de salud con una pastilla de Mifepristona y cuatro de Misoprostol. Además, la IVE se debe realizar en las primeras doce semanas de gestación y tiene que cumplir con el requerimiento de asistir a consulta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de ginecología, psicología y asistencia social, atravesar un período de “reflexión” de cinco días y por último ratificar la voluntad de abortar mediante la firma de un consentimiento informado. En ese lapso, el equipo puede incluso “con consentimiento expreso de la mujer, entrevistarse con el progenitor”.
Existen también tres situaciones en las cuales los requisitos anteriores no son exigibles: cuando el embarazo es resultado de una violación el plazo se extiende a catorce semanas, aunque exigen la presentación de una denuncia; cuando hay malformaciones del feto y cuando existe riesgo grave para la salud de la persona gestante no se requiere ningún plazo.
Hacer frente a las limitaciones de la Ley
Con la normativa vigente desde hace casi nueve años, en diciembre de 2020 surgen Las Lilas – Red de Acompañamiento Feminista en Aborto de Uruguay. Bárbara Strauss y Tamara Savio, activistas de esa Red, cuentan que “más allá de todas las falencias de la ley, se está dando una respuesta importante, que de otra forma sería imposible de sostener”.
El informe de Mujeres y Salud – Uruguay (MYSU) “Aborto en cifras, datos de Uruguay al 2021”, un relevamiento que se basa en datos del Ministerio de Salud Pública de ese país, revela que en 2020 las interrupciones voluntarias de embarazos fueron 9.915, 295 menos que en 2019 y 458 menos que en 2018, el año que registró la mayor cifra desde la implementación de la ley. Señala el informe que fueron 75.117 los abortos legales desde 2012. De ellos, 36.998 fueron en el sector público y 38.119 en el privado.
Las militantes feministas aclaran que acompañan abortos “desde siempre” y entienden su activismo como una forma de resistencia a la maternidad impuesta y forzada y a los límites que impone la ley actual, a la que definen como “tutelante y estricta”.
“Las Lilas es una Red solidaria y practica una ética del cuidado feminista, una práctica sumamente política”, dice Tamara y detalla que están presentes en doce departamentos uruguayos, gracias a las formaciones que realizaron durante este año para ingresar a la colectiva nueves y nuevas activistas. También acompañan a personas que viajan desde Brasil para poder acceder a un aborto.
Juliana Wahl es antropóloga y lleva adelante la investigación “Ley IVE en Uruguay” en la Universidad de São Paulo (USP). Cuenta que según su estudio y el trabajo que realizó en el sistema de salud público en la frontera con Brasil, la legislación “cambió la vida de mucha gente” en el país rioplatense, aunque el gran problema hoy en día son las mujeres y personas migrantes que están por fuera de la ley, porque durante el primer año de residencia en Uruguay no tienen el derecho a abortar.
Aclara que si bien hay servicios que están inclinados a brindar la información sobre el pre y el post aborto, son esas personas que desean abortar quiénes tienen que conseguir la medicación por fuera del sistema de salud. Considera que el no tener el acceso a la Mifepristona y al Misoprostol si no cuentan con un año de residencia en Uruguay comprobable, la ley termina siendo “discriminatoria, ese es el gran problema que tiene la normativa”.
Agrega Bárbara, de Las Lilas, que desde esa Red ven todas las limitaciones que tiene la Ley 18.987 y por eso llegaron al escenario uruguayo para “exigirle al Estado, porque no queremos cumplir su rol. Hay un vacío enorme, no hay campañas de difusión sobre cómo acceder al aborto legal”. Incluso quiénes acceden a su derecho, muchas veces se van de la consulta con más dudas que certezas. Con el nuevo gobierno, más que nunca el derecho a abortar se convirtió en “un servicio secreto”, sentencia.
Uruguay tiene un nuevo defensor de los abortos clandestinos: el presidente
“Con los años que tiene la ley y su implementación, todavía se está batallando contra la condena social” de quienes deciden abortar, dice Bárbara Strauss. En la Red consideran que hay muchas personas que no quieren ir al servicio de salud, sobre todo en localidades pequeñas dentro del país “porque no quieren exponer su situación ante el estigma”.
La condena social se da en un contexto político clave. El actual presidente de Uruguay, del partido político de derecha Frente Nacional, Luis Alberto Lacalle Pou, declaró en la campaña presidencial que iba a “hacer lo imposible para que no haya abortos”. Si bien dentro en sus palabras dijo también que “la ley no será derogada”, aclaró luego de su asunción que el gobierno tiene una “agenda pro-vida”.
Quedó evidenciado: aplican actualmente una “política de desestímulo de abortos”. Dirigentes del Partido Nacional han ido más allá y, comandados por el exdiputado Carlos Lafoglia, presentaron una propuesta que no solo busca desalentar las interrupciones del embarazo, sino hacerlo en las “mujeres que se encuentran en situaciones complicadas a nivel social o económico, darles una puerta de salida que hoy no tienen, que lleven adelante su embarazo y tengan a su bebé”, declaró el dirigente político de derecha a principios de octubre de este año.
Las declaraciones y las políticas que lleva adelante el gobierno de Lacalle Pou no solo vulneran derechos, con grandes retrocesos a los ya conseguidos, sino también va de la mano con otros líderes de América Latina y el Caribe.
“A partir de los dichos del presidente, se generó una impunidad tremenda en todos los servicios, en los y las profesionales”, explica Tamara Savio y detalla la situación que viven las personas que se acercan al sistema de salud a solicitar una interrupción del embarazo: “en el servicio te sientan con el equipo interdisciplinario, tenés que dar las razones mientras te dan alternativas, por ejemplo la adopción o las becas en universidades privadas si seguís el embarazo y te convertís en madre obligatoriamente, para esos hijos o hijas. Que luego de eso te hagan pensar cinco días, evidentemente va a fortalecer la culpa, el miedo, el remordimiento de la decisión y el estigma social”.
«Se avecinan muchos retrocesos, si das ese paso… ¿cuál es el siguiente?”, finaliza.
Los avances del feminismo son innegables
Para las activistas de Las Lilas hay países en donde el retroceso es muy grande. Si bien el vínculo regional principal y su formación para acompañar decisiones de abortar lo tuvieron con Socorristas en Red – feministas que abortamos, evalúa Bárbara que “se nota mucho la diferencia en los sectores anti-derechos, el riesgo que tienen las compañeras en el Caribe es mucho más notorio que en Uruguay”.
Sobre esos sectores, la activista reflexiona: “se fortalecieron porque las y les feministas avanzamos, si se organizaron con un pañuelo celeste y un feto gigante de cartapesta, es porque no saben cómo detener a los feminismos. Nuestros avances son innegables. En toda América Latina y el Caribe estamos en red, estamos conectadxs”, resistiendo incluso ante las declaraciones y la “agenda pro-vida” impuesta por el gobierno de la derecha uruguaya, buscando limitar más la normativa actual en el país.
Cuidando así la ley vigente y acompañando decisiones de abortar como práctica política, Las Lilas – Red de Acompañamiento Feminista en Aborto de Uruguay sigue insistiendo diariamente con su activismo acuerpado y amoroso: el aborto será libre en toda América Latina y el Caribe y ningún gobierno podrá quitarnos los derechos luchados y conseguidos colectivamente.