Capítulo #3: Brasil – Acompañar decisiones de abortos en la persecución y criminalización

^{Por Daniela Cardano}

Acompañar decisiones de abortos en Brasil no es tarea sencilla. Convergen situaciones que no son beneficiosas ni para quienes deciden abortar, ni para las activistas que acompañan esos procesos. Las legislaciones vigentes en el país no alcanzan y las preocupaciones de las integrantes de redes feministas aborteras no son solo las limitaciones que existen en las políticas de acceso a la interrupción del embarazo, sino que las pocas garantías actuales están a punto de perderse.

Mientras algunas referentas militantes por los derechos sexuales y (no) reproductivos de Brasil han tenido que abandonar forzosamente el país por agresivas y constantes amenazas a partir de la llegada al poder del actual presidente Jair Bolsonaro, desde el primer día del año 2019, otras deciden seguir enfrentando los riesgos que conlleva ser parte de redes de acompañantes de abortos desde la más absoluta reserva.

Por esa razón, los nombres que figuran en esta nota son ficticios para resguardar a las activistas y personas que abortaron de forma autogestionada de la criminalización y la persecución, que son cada vez mayores en un gobierno, según definen, “conservador y fascista”. Un escenario que no impide los acompañamientos a abortar, pero que sí obliga a tomar ciertos recaudos como desafío político, para seguir acompañando a las personas con capacidad de gestar y de abortar.

Restricciones y retrocesos

El presidente Jair Bolsonaro escribió en Twitter luego de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina: “lamento profundamente la vida de los niños argentinos, ahora sujetos a ser cortados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado. En la medida que dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo (…)”. Esas no son solo palabras plasmadas en una red social, sino políticas que lleva adelante el gobierno ultraderechista del Partido Social Liberal.

En Brasil el aborto es considerado un crimen y es difícil acceder a través del sistema de salud. La legislación vigente en el país dice que el aborto no es punible si corre grave riesgo la vida de la persona gestante, si el embarazo es producto de una violación o si “el feto es portador de anencefalia”, una malformación cerebral congénita, todas ellas sin límites de semanas de gestación.

Alrededor de 500 mil mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar interrumpieron sus embarazos en el año 2019 fuera del sistema de salud, según el informe publicado por el Instituto Anis, si bien algunas organizaciones estiman que esa cifra podría sobrepasar el millón. En contraposición, los datos oficiales del país dicen que los abortos legales en el período enero – junio de 2020 fueron 1.040, mientras que en el mismo período del año 2019, interrumpieron sus embarazos bajo la legislación vigente 938 personas.

El país latinoamericano presentó desde la asunción del nuevo gobierno al menos 30 proyectos para endurecer las leyes según la organización “Mujeres en el Congreso”. Pero además a finales de agosto del año 2020 se restringieron los mecanismos que tenían las personas que habían sido abusadas sexualmente para acceder a un aborto legal. Se emitió la resolución 2282/2020 que obligaba a los y las médicas a avisar la solicitud de un aborto a la policía con la “preservación de evidencia del delito de violación” y ofrecerles la opción de realizarse una ecografía para escuchar sonidos y ver imágenes del embarazo, con la clara intención de amedrentar a las mujeres y personas con capacidad de gestar, además de poner en riesgo su privacidad.

Los movimientos feministas del país se manifestaron para demostrar la ilegalidad que esos cambios en los protocolos significaban, cuestionando los nuevos obstáculos para el acceso al aborto legal garantizado por ley desde el año 1940. Si bien luego de las exigencias feministas el Ministerio de Salud modificó el texto de la ordenanza 2282, mantuvo la “notificación a la autoridad policial por parte de los (y las) profesionales de salud en caso de violencia sexual”.

En la investigación del Instituto Anis “Aborto y pandemia por Covid-19”, se descubrió que de los 76 hospitales que declararon realizar ILEs en 2019, solo 42 dijeron mantener el servicio durante la pandemia, una reducción del 45%. Entonces, ¿es realmente posible hoy el acceso al aborto dentro de las tres causales?

Ana Paula es activista de una Red de ese país que acompaña decisiones de abortos y cree que es muy difícil, a veces imposible, según la región donde la persona que desea o necesita abortar resida. “Hay que buscar un hospital que lo garantice, exponiéndonos al maltrato y a las denuncias” de médicos y médicas que deben dar el aviso a la policía de la decisión.

El embarazo infantil forzado “se tolera, el aborto no”

Solo en los primeros seis meses del año 2020, 8.888 niñas menores de 14 años fueron obligadas a gestar, parir y criar en Brasil. En ese mismo período, se registraron 184.481 embarazos a término de adolescentes de entre 15 y 19 años de edad que se convirtieron en madres, sobre 1.394.091 nacimientos que hubo en total en el país.

Estos datos crudos y duros de la situación de las niñeces y adolescencias que son obligadas a ser madres en Brasil son extraídos del Sistema de Información sobre Nacidos Vivos gubernamental (SINASC).

Por otro lado, las estadísticas del Forum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) resultan estremecedoras. Cada hora, cuatro niñas menores de 13 años son violadas en Brasil. Itatí, acompañante de abortos en ese país, sentencia: “gran cantidad de niños, niñas y adolescentes sufren violencia sexual y conviven con el embarazo infantil forzado. Esa realidad se tolera, el aborto no”. 

“Los abortos colectivos son hermosos”

Marina vive en Paraisópolis, el asentamiento informal más grande de la ciudad de San Pablo. “En todos los barrios periféricos de Brasil abortamos y lo mantenemos en silencio”, dice a través de un audio por una aplicación de comunicación que en su país consideran “segura”. Habla en un tono bajo y por momentos interrumpe la conversación, justifica, por el miedo a ser condenada dentro de su familia.

Ella abortó de forma autogestionada un embarazo de 11 semanas de gestación producto de una relación sexual no consentida, contenida por una red de acompañantes de abortos en San Pablo luego de no lograr acceder a la interrupción del embarazo dentro de la causal “violación” hoy vigente en la legislación brasileña. A esa red llegó gracias a la militancia feminista de su hija de 18 años, que le pasó una dirección de correo electrónico, aún con miedo de no saber con quiénes iniciaba la comunicación.

“Si tu pareja ejerce violencia y te obliga a tener una relación sexual, la policía no la considera una violación”, explica Marina sobre el motivo que le imposibilitó acceder a un aborto dentro del sistema de salud. “En el caso de atravesar por otro embarazo no deseado, no volvería a pedir la interrupción en el Hospital. El maltrato es mucho y el miedo a la cárcel toma cada parte de tu cuerpo. Ellos te amenazan”. Se pregunta, aunque sabe que no encontrará la respuesta: “¿qué pasa si vuelvo y se enteran que ya no estoy embarazada?”.

Su proceso de interrupción del embarazo le permitió cumplir el deseo de no maternar nuevamente con el acompañamiento cuidado y amoroso de activistas feministas. Pasarlo en “carne propia me hizo ampliar la mirada, de otra manera yo seguiría pensando que era traumático”. “Ellas, sin conocerme. Yo, sin conocerlas. Me salvaron la vida, los abortos colectivos son hermosos”, finaliza emocionada.

El acompañamiento a abortar como “intercambio político de confianza”

Apunta Ana Paula en un portugués admirablemente pausado que “es común que las personas tengan miedo de buscar ayuda médica porque son maltratadas y denunciadas por los profesionales de salud”. Incluso si fueron a una consulta para interrumpir el embarazo, aparece el temor de volver al mismo lugar con los o las mismas médicas que les atendieron en su primer acercamiento al Hospital.

Para ella la tarea activista de acompañar abortos es una opción de vida a la que no va a renunciar, pese a la persecución y criminalización. “No salvamos la vida” de Marina, expresa con firmeza, “pero sí entendemos el apoyo que las personas sienten, como si hubiésemos hecho algo enorme, cuando en realidad debería ser considerado un proceso común y cotidiano en nuestras vidas”.

Muchas mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar llegan a las redes en Brasil “con desesperación, por eso parte de nuestro activismo es hacer que se sientan bienvenidas y seguras para tomar decisiones sobre sus propias vidas y cuerpos”, dice Ana Paula.

“Estamos muy amenazadas por el racismo, la violencia policial, la violencia machista, la misoginia, transfobia y lesbofobia” generadas e impulsadas desde el mismo Estado de manera discriminatoria y profundizando desigualdades, agrega Itatí a las palabras de su compañera, por eso el acompañamiento es “un intercambio político de confianza”, no solo desde el lugar de la persona que quiere o necesita abortar para ponerse en contacto con mujeres que no conoce y que dicen acompañarla en su decisión, sino de las mismas activistas que no saben quiénes están iniciando la conversación.

Describe Itatí los mecanismos que utilizan para acompañar a las personas que necesitan información para abortar y que a través de esta nota podemos difundir: “Nos comunicamos por mail y ahí coordinamos el contacto a través de una aplicación para nuestros celulares segura, que nos permita tener una conversación libre. A partir de ahí, es todo amor, cuidados, feminismos”.

“Acompañar en Brasil significa vivir con el temor a ser criminalizadas, pero con la satisfacción de garantizar el derecho de decidir sobre nuestras propias vidas y cuerpos y a sacar todos los mitos que hay en torno a los abortos”, finaliza.

Parte del trabajo de las redes de acompañamientos a abortar de ese país es desmitificar las interrupciones del embarazo. Ana Paula asegura que “no es cierto que el aborto es una escena sacada de una película de terror. Las personas que abortan de manera segura lo hacen en su casa, rodeadas de activistas que las cuidan con cariño” como acto profundamente político.

Dice también que toman la experiencia de otros países de Latinoamérica para “transformar la idea que el aborto es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. No es de extrañar que una colectiva de Chile se llame ‘Con las Amigas y en la Casa’, eso nos dice que es un hecho que debe ser colectivo, compartido con amigas y personas que nos cuidan en nuestros hogares”.

Las luchas por el aborto libre en la región: organización colectiva

El impacto de la Ley 27.610 IVE sancionada en diciembre de 2020 en Argentina favorece a las organizaciones que acompañan abortos en Brasil y a las luchas que llevan también desde el “Frente Nacional pela Legalização do Aborto”. Lo mismo sucede con el proyecto de Ley que se debate por estos días en Chile que permite el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación y los logros alcanzados en México, donde la Suprema Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para ese país.

Lo que sucede en América Latina y El Caribe con respecto a las legislaciones de interrupciones voluntarias del embarazo, “nos inspira y nos permite generar otras estrategias de organización colectiva”, dice Ana Paula. Si bien en términos legislativos y políticos no se han logrado avances en Brasil durante este último año, “el impacto positivo parece ser un aumento en la articulación de acompañantes para el acceso al aborto seguro”, agrega Itatí.

Ambas activistas coinciden en que los logros de la región “aceleran nuestras estrategias, la experiencia y el aprendizaje es muy importante para nosotras”. Por delante tienen un gran desafío para ampliar las redes de acompañantes y difundir información sobre la importancia del aborto como un derecho.

“Somos redes poderosas”, finalizan diciendo las activistas y militantes feministas aborteras comprometidas, que pese a la criminalización y persecución que viven día a día en su país siguen acompañando interrupciones del embarazo como acto político y luchando por un aborto cuidado, libre y feminista, sostenidas por todas las y les feministas de América Latina y El Caribe.