Capítulo #4 – Ecuador: Luchas por una ley justa y reparadora

_{^{Por Camila Vautier}}

Feministas luchan porque Ecuador pueda dar un primer paso: la ampliación del aborto legal en casos de violación. Una ley que repare a las víctimas garantizando su derecho a decidir sin ser criminalizadas en el país donde, sólo en 2020, 3.000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a gestar, parir y criar. Acompañar como acción política feminista frente a este desamparo estatal.  

Los cuerpos -y sus diversidades- deciden abortar. Abortar, decidir, como una forma de rebelarse ante las violencias que las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar han vivido y resistido históricamente, fuertes como la tierra misma que habitan, frente a un Estado que se ha encargado de señalar y criminalizar. 

Ecuador está entre los países con índices más altos de embarazo adolescente de América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre 2009 y 2016, 17.448 niñas menores de 14 años fueron obligadas a gestar, parir y criar como consecuencia de una violación. Sólo en el 2020, la cifra llegó a 3.000.    

En este contexto y tras la presentación de siete demandas por parte de organizaciones feministas, la Corte Constitucional emitió a fines de abril un dictamen que abre la puerta a la ampliación de derechos despenalizando completemente el aborto en situaciones de violación. Hasta ese entonces, el acceso mediante esta causal sólo estaba permitido para las mujeres a las que la medicina hegemónica considerara con “discapacidad mental”, como también en casos  en que corriera peligro la vida de la mujer. 

Ahora es el turno de la Asamblea Nacional, el organismo legislativo ecuatoriano que, según el fallo, tiene el deber de reglamentar los detalles de esta medida judicial con una ley que bregue por el “derecho a vivir con dignidad”. 

Más de 40 agrupaciones feministas redactaron el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo para una Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación que ya se encuentra en la Comisión de Justicia para su debate. 

Ampliar esta causal es sólo un primer paso, un compromiso que el Estado debe asumir para reparar a las sobrevivientes sin más estigmas. Sin embargo, el derecho al aborto continúa siendo una deuda pendiente. “Los procesos de aborto se hacen en mucha soledad”, relata Sthefy activista de la red de acompañamiento de abortos seguros en Ecuador, Las Comadres.

Para Sthefy, abortar significó un encuentro consigo misma, una especie de “hacer las paces” con su cuerpo. “Cuando estás atravesada por la violencia eso se fractura, es difícil. El aborto me posibilitó encontrarme”, cuenta. “La práctica de abortar y además acompañar es transformadora”. 

Acompañar, acompañar, acompañar

Las Comadres nacen en 2014, fruto de las primeras experiencias de líneas telefónicas de América Latina que brindaban información para el acceso a un aborto seguro. Motivadas por la necesidad de ampliar las posibilidades de quienes deseaban abortar y por el contacto con otras redes de acompañantes como Socorristas en Red – feministas que abortamos, en Argentina, decidieron dar un paso más y comenzar a acompañar. “Empezaron a haber otras necesidades tanto políticas como concretas en el acto de abortar”, recuerda Sthefy, una de las fundadoras de esta agrupación.

“El acompañamiento genera prácticas políticas del cuidado, se enmarca en estos esfuerzos de los movimientos populares y feministas de cuidar la vida y lo colectivo. Así surgimos”, asegura. 

Entre 2016 y 2017 empezaron a extenderse desde Quito hacia otras ciudades y hoy están presentes en Cuenca, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio y Guayaquil, aunque sus acompañamientos llegan a todo el país. 

Crecer significó también incorporar nuevas reflexiones políticas sobre la práctica de abortar. “Pasamos de este discurso del aborto como última opción que ninguna mujer quiere hacer, a hablar orgullosamente de aborto. Entenderlo como una práctica que siempre estuvo ahí, que es legítima”, cuenta la activista. 

“Queremos nombrar a las mujeres como sujetas que están en el centro de los procesos de abortar, pero también hemos transitado a pensar, a mirar, que existen personas que no son mujeres y también abortan”, añade.

Otra de las reflexiones que se sumaron a este camino de aprendizaje permanente de acompañar abortos, fue el de abrazar las diferentes espiritualidades que hacen a la identidad de las mujeres y personas con posibilidad de abortar. “La mayoría de nosotras no somos religiosas pero varias llevan consigo espiritualidades que vienen incluso de nuestros propios pueblos y con el tiempo le hemos dado apertura”, relata Sthefy y agrega que fue en el vínculo con parteras donde pudieron recuperar saberes ancestrales entorno a las prácticas de abortar. “Hay muchas brujas en la red”, dice. 

El debate de las causales solo es un primer paso 

Las legislaciones latinoamericanas que permiten el aborto sólo por causales, como salud o violación, son limitadas y dejan la puerta abierta a los abortos inseguros en la clandestinidad, como también a la criminalización.

En Ecuador existen clínicas clandestinas pero también los llamados “pastilleros”, personas que venden misoprostol y, con intenciones meramente lucrativas, brindan protocolos erróneos que generan abortos incompletos, afectando la salud de las mujeres y personas con posibilidad de abortar.  

“Son estrategias que no están pensadas en el marco del derecho a decidir”, explica la integrante de Las Comadres y añade que son procesos “super caros” que “profundizan la desigualdad social y la injusticia”.

Pese a que el tema del aborto se ha ido instalando cada vez con más fuerza en el debate público, la criminalización por parte del Estado ecuatoriano sobre las personas que abortan fue en aumento.

Entre agosto de 2014 y julio de 2021, la Fiscalía General del Estado registró 503 personas procesadas por el delito de aborto consentido. En 2014, fueron procesadas 20 personas; en 2015, 76; en 2016, la cifra subió a 82; mientras que en 2017, 112 personas atravesaron un proceso judicial por esta causa. Entre 2018 y 2020 los datos van desde 58 a 66.

Según un informe de Human Rights Watch, el 73% de los procesos se iniciaron después de que un profesional de la salud denunciara a una paciente a la policía, violando el deber de confidencialidad de las y los profesionales médicos.

“El de las causales siempre es un debate de ir a los mínimos. Nosotras estamos inmersas en ambas posturas: cuando hay que luchar por una causal, lo hacemos; pero también estaremos ahí cuando se plantee la posibilidad de legislaciones sin causales”, concluye Sthefy. 

Así, en Ecuador las acompañantes de abortos siguen luchando para que las personas no sean procesadas por abortar, y que puedan acceder a abortos cuidados y amorosos, con el apoyo de toda América Latina y el Caribe.