Caso Beatriz: El derecho al aborto en el centro del debate en El Salvador
El caso «Beatriz» ha sido clave en el debate del derecho al aborto en El Salvador, y ha sido seguido de cerca por la comunidad internacional. En 2013, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo a la joven, quien tenía 19 semanas de gestación y se encontraba en una situación de alto riesgo debido a su enfermedad y a la malformación congénita del feto. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisará el caso en una audiencia pública que se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica.
Por Daniela Cardano
El hecho se relaciona con las violaciones a los derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, lo que impidió que tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal.
Beatriz tenía 22 años y vivía en extrema pobreza en el Cantón La Noria Tierra Blanca, municipio de Jiquilisco, El Salvador. Se le diagnosticó Lupus Eritematoso Sistemático, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Durante su primer embarazo, tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones debido a anemia y exacerbación de su enfermedad autoinmune. En su segundo embarazo, fue diagnosticada con una malformación congénita del feto que lo hacía incompatible con la vida fuera del útero. A pesar de los riesgos para su vida y salud, las autoridades salvadoreñas se negaron a autorizar una interrupción del embarazo y se limitaron a ofrecer una cesárea al término del embarazo, lo que hubiera puesto en grave peligro su vida.
El caso de Beatriz se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida o salud de la mujer. Las personas que abortan pueden ser condenadas a largas penas de prisión, y los médicos o médicas que realizan abortos pueden ser procesades penalmente y perder su licencia médica.
Fue presentado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otras organizaciones. Argumentan que la prohibición total del aborto en El Salvador viola los derechos humanos de las personas a la vida, la integridad física y mental, la salud, la igualdad y la no discriminación, así como su derecho a la privacidad y la autonomía reproductiva.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá determinar este 22 y 23 de marzo si la prohibición absoluta del aborto en El Salvador viola los derechos humanos de las mujeres y si el Estado salvadoreño violó los derechos de Beatriz y su familia al negarle la posibilidad de acceder a una interrupción de su embarazo. Si se encontraran violaciones a los derechos humanos, la Corte podría ordenar al Estado salvadoreño modificar su legislación y garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales como las que enfrentó Beatriz.
La revisión del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos será un importante hito en la lucha por el derecho al aborto en El Salvador y podría sentar un precedente para otros países de la región que aún mantienen restricciones severas al acceso a la interrupción del embarazo.
Un presidente que busca reformar la constitución
Lo sucedido a Beatriz ha puesto de relieve el grave problema que representa la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, un país que se encuentra en una situación política cada vez más polarizada. Desde su llegada al poder en 2019, el presidente Nayib Bukele ha intensificado la retórica contra las personas que buscan interrumpir su embarazo, criminalizando aún más una práctica que ya es ilegal. En 2021, Bukele anunció una iniciativa para reformar la Constitución y proteger la vida desde la concepción, lo que efectivamente cerraría aún más la posibilidad de cualquier tipo de acceso al aborto.
Pero no solo Bukele ha intensificado la retórica contra el aborto en El Salvador. Allí la prohibición del aborto se encuentra respaldada por poderosas fuerzas políticas y religiosas. Desde la negativa de la Corte Suprema de Justicia a permitir la interrupción del embarazo de Beatriz, varias mujeres han sido encarceladas por abortos involuntarios o espontáneos y han sido condenadas por homicidio agravado, lo que ha generado críticas de organismos internacionales de derechos humanos.
Otro evento clave en El Salvador es el de Teodora Vásquez, quien en 2007 fue condenada a 30 años de prisión por abortar después de sufrir un parto prematuro en el trabajo. Después de pasar 10 años en prisión, Vásquez fue finalmente liberada gracias a la presión internacional y la solidaridad de la sociedad y organizaciones feministas.
El caso de Beatriz, junto con la criminalización de las personas que buscan interrumpir su embarazo, es un claro ejemplo de la urgente necesidad de garantizar el derecho al aborto en El Salvador. La prohibición absoluta del aborto no solo es una violación de los derechos humanos de las personas, sino que también pone en peligro sus vidas y su salud. En un país en el que las mujeres, lesbianas, personas trans y no binarias ya enfrentan altos niveles de violencia y discriminación, la prohibición del aborto solo empeora su situación.
Es hora de que El Salvador escuche las voces y garantice el derecho al aborto en todas las circunstancias. El derecho a la vida y la salud de las personas debe ser la prioridad en cualquier sociedad que aspire a ser justa e igualitaria.
