“En Ecuador el acceso al aborto legal está restringido por prácticas concretas”

Ana Vera es acompañante de abortos en Ecuador, forma parte de la grupa activista Las Comadres y es abogada de Surkuna, una organización feminista que trabaja por la justicia y autonomía de las mujeres. Con ella conversamos sobre la situación en que se encuentran hoy quienes quieren abortar en Ecuador, cuál es el contexto con un presidente antiderechos y cómo las redes feministas de acompañantes construyen una idea del aborto en la que es posible reapropiarse de cuerpas y decisiones.

Por Laura Rosso

“Lo que ha hecho el presidente Lasso es intentar poner trabas para el acceso, incluso a las causales”, comienza diciendo Ana y hace hincapié en que el acceso a la causal violación es aún más complicado que antes: “Lo que él intenta desde su lugar de poder es ampliar, por ejemplo, las posibilidades de objeción de conciencia y las barreras que enfrentan las mujeres en general”. En el sistema nacional de salud de Ecuador, el tema de aborto es un tema que se viene trabajando desde hace más de diez años, sin embargo todavía hay muchas resistencias. “Nosotras tenemos la causal salud vigente, pero es una causal que se implementa muy poco -generalmente solo cuando existe riesgo vital- y no en todos los servicios de salud hay una interpretación amplia que incluya a la salud mental y la salud social, a pesar de que el marco legal vigente sí lo incluye. 

-¿Qué otras trabas se interponen en el acceso?

Ana: Formas de obstrucción no legales, por ejemplo, no les reciben las solicitudes, les dicen ‘esto no es legal, no se puede’, a pesar de que ellos saben que es legal, y de esa manera impiden que se pueda acceder. Entonces yo diría que el acceso al aborto legal está restringido en Ecuador más que de una forma legal -porque la causal salud es bastante amplia- por una práctica concreta que hace que desde los servicios se pongan barreras y obstáculos a los accesos de mujeres, niñas y otras personas gestantes. 

-¿Hay sesgos o estereotipos de género que atraviesan estas situaciones?

Ana: Sí, estas situaciones también están fuertemente atravesadas por estereotipos de género. Por ejemplo, si quien acude es una niña es más fácil que acceda porque las niñas seguramente fueron violadas, o si es una mujer con discapacidad es más fácil que acceda que si es una mujer sin discapacidad. Y así también según los ingresos socioeconómicos y un montón de otros factores. Es decir, que en Ecuador si eres una mujer negra, empobrecida, que vive en alguna provincia remota tienes más difícil el acceso y mucho peor si eres un varón trans que quiere acceder a un aborto legal, va a ser casi imposible. El sistema va a impedir que lo puedas hacer. 

Sin embargo, Ana rescata que también hay gente y profesionales comprometidos con la vida y con la salud integral de mujeres y niñas, que brindan buenos servicios y tratan de hacerlo que la mejor manera. “Hay hospitales muy buenos que garantizan el acceso a la práctica, a una interpretación amplia de la causal salud, pero la generalidad es este acceso restringido e incluso desde algunos hospitales se suelen hacer denuncias por aborto”. Existen cifras de criminalización de mujeres por aborto y el lugar desde donde más se denuncia son los hospitales, en un 70%”. 

-En Ecuador, la causal de violación, una de las dos permitidas, fue despenalizada en 2021, pero en abril de 2022, Lasso vetó la ley y realizó modificaciones en su contenido, ¿cuáles fueron esas modificaciones?

Ana: Lasso usa la figura de veto ejecutivo y modifica en un 97 % la ley planteada por la Asamblea Nacional. Pone como primera barrera que las mujeres tengan que presentar un requisito: una denuncia, una declaración jurada o un examen médico legal juramentado, pero acceder a este requisito es súper complejo porque sabemos que denunciar violencia sexual es difícil y es difícil por las circunstancias en que están las mujeres y las niñas. 

-Porque el problema debe ser también el acceso a la justicia, ¿no? 

Ana: Ese es justamente el problema. En Ecuador, los lugares alejados no tienen fiscalía, entonces hay muchas mujeres que tendrían que viajar cuatro, cinco horas para poner esa denuncia y eso implica una barrera de acceso a la justicia súper fuerte, además de todo lo que implica denunciar si es un familiar, o si esta persona te amenaza y tienes miedo, o definitivamente si no estás lista y necesitas un tiempo. Sobre la declaración jurada el punto es que es aquí las notarías tampoco están en todos los lugares, es más, existen menos notarías que fiscalías entonces solo pueden acceder determinadas mujeres de determinados territorios. Y además tienen un costo económico de 20 a 30 dólares, lo cual para muchas personas es inaccesible. Y los notarios y las notarias no tienen enfoques de género, ni tienen espacios confidenciales. Como tercer punto, el examen médico legal juramentado: lo que sucede es que ningún perito quiere juramentar lo que Lasso pidió que es si efectivamente existen indicios claros de violación. Lasso además puso un plazo realmente restrictivo que son 12 semanas y para una víctima de violencia sexual, 12 semanas es demasiado poco tiempo, incluso es poco tiempo para una mujer que tiene una relación consensuada, en contextos donde no hay educación sexual o donde la violencia sigue siendo la realidad. Entonces, esto hace que no puedan acceder porque se enteran tarde o por la negación propia que existe de la violencia, el trauma y todas las circunstancias que confluyen. Y aun más si son niñas, porque no son conscientes de los cambios corporales que están atravesando, sobre todo si son abusadas sexualmente y sufren violaciones desde muy pequeñas, no distinguen lo que les está pasando. Generalmente es un familiar quien se da cuenta y si en ese plazo tienen que poner una denuncia se vuelve una barrera de acceso insalvable. Y otra cosa más: Lasso genera un requisito de acceso a una ecografía. Nosotras hemos hecho un estudio en el que observamos que Ecuador tiene aproximadamente 4500 servicios de salud pública, de ese total solo 93 tienen servicio de ecógrafo, que son los hospitales básicos y generales, los más grandes en las grandes ciudades. 

Ana sostiene que pedir una ecografía es realmente absurdo cuando hay un montón de servicios de salud que no la pueden proveer. Dice también que hay otros mecanismos técnicos -incluso recomendados por la OMS- para determinar la edad gestacional. 

-¿Qué ocurre con la objeción de conciencia en este contexto de restricciones que impone Lasso?

Ana: Lasso la pone como un derecho absoluto, institucional y colectivo incluso en zonas remotas y alejadas. Siempre son las mujeres las que se tienen que mover, gastar dinero y a las que el tiempo les va pasando. Imaginate una mujer empobrecida en un lugar remoto y alejado que tiene que salir dos o tres veces. Primero para hacer la denuncia y después ir al hospital a que le hagan la ecografía. Eso implica dormir afuera, comer afuera, y se vuelve realmente inalcanzable. 

El actual presidente también modificó las reglas de consentimiento informado para niñas y adolescentes supeditando su consentimiento a quienes tengan autoridad paternal o maternal y obliga a que un representante legal firme ese consentimiento en casos de mujeres con discapacidad, yendo en contra de todos los estándares existentes en la materia. Finalmente obliga a los profesionales de la salud a dar información inadecuada centrada en los riesgos, o información sobre adopción, información sobre la formación del feto, y todo tipo de información para conducir la decisión, que es violatorio de los estándares de consentimiento informado en cualquier procedimiento de salud.

-Entonces Lasso modifica la ley para impedir el acceso, para criminalizar y para generar miedo. 

Ana: Él hace una ley criminalizadora y apunta a romper el secreto profesional en personas que lleguen con abortos en curso que no sean legales, lo cual es imposible de determinar por un profesional de salud. Es casi como decir que hay que denunciar a todas. Y además dice que se tiene que judicializar a los profesionales de salud que atiendan partos en edades gestacionales tempranas, como 22 a 26 semanas y que no implementen todas las medidas para que el neonato sobreviva. Así crea un nuevo delito que es el infanticidio.

-¿Qué ha logrado la lucha feminista, los movimientos de mujeres y de otras personas con una visión en perspectivas de derechos humanos para revertir esas situaciones?

Ana: Nosotras tenemos varias estrategias. Por un lado hemos hecho demandas de inconstitucionalidad en la Corte y desde varias organizaciones hemos podido suspender, aunque sea temporariamente, varios de los artículos más polémicos de la ley. En la actualidad se encuentran suspendidos tres: el primero es el de consentimiento en niñas, es decir que ya no se necesita autorización parental, al menos por el momento, y que son ellas quienes consienten. La Corte otorga esta medida cautelar bajo el razonamiento de que en Ecuador la mayor cantidad de violencia se da en el hogar y que no podemos permitir que el agresor sea quien autorice el proceso de aborto de una niña o adolescente. El segundo es que tenemos una medida cautelar sobre los requisitos. Ahora las mujeres solo tienen que presentar la solicitud de acceso a un aborto legal por causal violación o salud. Por ejemplo, en Galápagos lograron que se quite el requisito de la denuncia penal porque en dos de las cuatro islas no hay fiscalías, entonces imagínate lo que les cuesta viajar de una isla a otra para poder denunciar. La tercera medida que se cambió es la objeción de conciencia. Se suspendió la objeción de conciencia institucional, la objeción de conciencia colectiva y de personal indirecto. Lo que se dijo es que la objeción de conciencia puede existir de forma individual. Ni los servicios ni el personal indirecto pueden ser objetores. No puede haber objeción para dar información ni para atención posterior. 

Ana cuenta que “el acompañamiento feminista permite generar la accesibilidad desde otro lugar e incluso generar un proceso pedagógico con los profesionales de la salud porque no todos se oponen porque sean antiderechos sino que muchos no conocen porque no tienen capacitación, o nadie les ha explicado y justamente así aprenden cómo manejar estos casos para tener garantizada su seguridad, porque lo que más les importa y preocupa, es no ir presos. Esto ha sido súper útil y con algunos servicios hemos logrado que algunos casos se puedan resolver por causal salud, de una forma ampliamente interpretada.

-¿Cuáles son las consecuencias que trae la falta de acceso a abortos seguros?

Ana: Son varias, la primera es la maternidad forzada de niñas, de mujeres y todo lo que la maternidad forzada trae. Tiene que ser reconocida como cruel, inhumana y degradante, como una forma de tortura. Efectivamente aquí las mujeres son forzadas a ser madres cuando no lo desean. Las niñas son forzadas a ser madres y eso tiene que ver con la falta de acceso a la justicia y a la salud. Y se fuerza a las más vulnerables, a aquellas que no tienen recursos sociales, que no pueden pagar un aborto seguro en el sistema de salud, que no tienen acceso a redes de acompañamiento, que no conocen las propuestas que el movimiento feminista genera para ampliar el acceso a servicios. Ellas son forzadas a la maternidad o van a tener abortos inseguros, que muchas veces pueden poner en riesgo su salud y su vida, y su integridad en general, con el riesgo además de poder ir presas por aborto. Son ellas las que llegan a hospitales en situaciones inadecuadas justamente porque nadie les explicó nada. Muchas llegan porque sangraron. Imagínate el nivel de desinformación, se asustan porque están sangrando, porque nadie les explicó que si usan pastillas para abortar van a sangrar, y se encuentran con un sistema de salud donde lo que prioritariamente importa es saber si usaron pastillas, más que atenderlas si están en una situación de complicación. Así se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y del susto para obligarlas, por ejemplo, a dar testimonios en su contra, lo cual es absolutamente ilegal.

-La contracara de esas situaciones se ve cuando aparecen las redes de acompañamiento, que arman estrategias y posibilidades para que no se naturalice la violencia sexual y socavar las malas prácticas.

Ana: Las estrategias feministas permiten justamente de alguna forma revertir estas situaciones e ir legitimando el aborto como un derecho, como una práctica legítima. Creo que Las Comadres en específico sustituyen de alguna forma lo que el Estado debería hacer, que es brindar servicios de aborto seguros y además feministas. Si vemos las cifras de acompañamientos de todos estos años vemos que gran parte de los abortos de este país se resuelven a través de las redes de acompañantes, y creo que lo mismo sucede en el resto de Latinoamérica y el Caribe. El socorrismo, Comadres acá, Parceras en Colombia, construyen otra idea del aborto, una idea del aborto que puede ser vivido desde otros lugares. El acompañamiento feminista nos permite tanto a nosotras como a ellas aprender y crecer un montón en ese proceso de aprendizaje. Ir trabajando nuestros propios prejuicios e ir mejorando la forma en que acompañamos. Estar enlazadas en red también nos permite aprender de las otras, de otros contextos, de otros territorios. No basta con avanzar en el cambio legal, ese cambio legal no tiene que restringir que la mujer y toda persona que necesite abortar elija cómo quiere abortar.

-Se observan cada vez más ataques y connivencias entre organizaciones fundamentalistas y de ultraderecha, en tándem con poderes políticos y judiciales, que persiguen a quienes garantizan derechos.

Ana: Lo vemos cada vez más, ataques a las redes de acompañantes, por ejemplo lo que pasó con las compañeras socorristas allá. Nosotras también enfrentamos un proceso penal, como también pasó con las compañeras en Venezuela y Polonia, justamente porque este es un movimiento súper potente, un movimiento que lo que pone en el centro es a las mujeres y a las personas que requieran abortar y así rompe con muchos de los esquemas del Estado, rompe los estigmas sobre aborto, y eso es lo que los pone en guardia porque es peligroso para un sistema que se mantiene sobre la opresión, sobre la obediencia y el miedo, como es el sistema en el que nosotras vivimos.