Ecuador: Movimiento Nacional Justa Libertad

“La lucha por la eliminación del delito del aborto es la batalla cultural más importante de este siglo”

Sarahí Maldonado es vocera del Movimiento Nacional Justa Libertad, activista por la despenalización de aborto en Ecuador, y acompañante en abortos desde la Red Las Comadres, de la cual es integrante cofundadora. En esta entrevista, cuenta acerca del lanzamiento de este Movimiento, impulsado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y que posee el apoyo de la comunidad internacional. “La deuda histórica que el Estado del Ecuador tiene con las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar, de salvaguardar sus vidas y priorizar su integridad, se logrará con la eliminación del delito de aborto”, subraya.  

Por Laura Rosso

El 19 de marzo de 2024, fue lanzado el Movimiento Nacional Justa Libertad ante la Corte Constitucional, pidiendo la eliminación del delito de aborto del Código Orgánico Penal de Ecuador, contanos más detalles acerca de este pedido.

Sarahí: Nuestro objetivo como Movimiento Nacional es la eliminación del delito del aborto para que mujeres, niñas, adolescentes, personas trans, no binarias y otras personas con posibilidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir con autonomía y sin miedo. Y también para que sea manejado como un servicio de salud esencial y por tanto, como un derecho. Con el tiempo hemos levantado evidencia que demuestra que penalizar el aborto aumenta de criminalización y estigmatización sobre aquellas mujeres y personas con posibilidad de gestar que buscan acceder a un aborto. Pero también ha aumentado la criminalización al personal de salud. Por eso hemos interpuesto esta demanda con argumentos claros que demuestran que delito de aborto es ineficaz y afecta la vida de las mujeres y de toda persona con posibilidad de gestar, principalmente las que viven en situaciones de vulnerabilidad, a quienes históricamente se les ha negado el ejercicio integral de sus derechos.

Una demanda que podría saldar una deuda histórica…

Sarahí: La demanda que interpusimos es una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento de ciudadanías plenas y libres para mujeres y toda persona con posibilidad de gestar. Es así que pedimos a la Corte Constitucional que reconozca el avance que ya ha dado la sociedad en reconocer el acceso al aborto como un derecho, y que no se puede regular la libertad reproductiva de las personas con capacidad de gestar mediante artículos penales que limiten nuestra autonomía y nuestra salud sexual y reproductiva. Mucho menos, con códigos penales que tienen una antigüedad cercana a dos siglos. Con esta acción estamos defendiendo la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte del reconocimiento a la libertad, a la autonomía y a la ciudadanía plena de las todas las personas. Porque Justa Libertad es promover la defensa y la protección de los derechos, derechos que han afectado de manera desproporcionada a las poblaciones históricamente excluidas, mujeres empobrecidas, jóvenes, racializadas, mujeres en situación de movilidad humana, con capacidades sexo género diversas. Por lo tanto, las barreras de acceso desproporcionadas han afectado a estos sectores y han evidenciado también que las causales permitidas en Ecuador, salud, y violación, no son suficientes y no reconocen la realidad y el contexto que enfrentamos quienes necesitamos acceder a un aborto.

¿Cuáles son las estimaciones respecto de la cantidad de abortos y las penas que se imponen?

Sarahí: Según la OMS, cada hora en el Ecuador, siete mujeres se ven forzadas a recurrir a abortos en condiciones de riesgo. También hemos evidenciado que la criminalización y estigmatización, tanto a las personas que abortan como al personal de salud, representan graves obstáculos y se dan una serie de arbitrariedades cuando intentan acceder a un aborto. En el Ecuador, el delito de aborto data de 1872, teniendo más de 152 años de antigüedad. Las penas que se imponen a personas que hayan abortado van desde un año a tres años. Mientras tanto, las mujeres de bajos ingresos muestran más probabilidades de ser procesadas por abortar, incluso en casos de abortos espontáneos o en necesidad de atención post aborto. Cada día en Ecuador, 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por causas relacionadas con abortos. En los últimos 10 años, 493 personas han sido criminalizadas por el delito de aborto consentido, y de estas, el 61% son mujeres. Paralelamente a estos datos alarmantes, desde la aprobación del aborto por violación en abril de 2021 -permitido exclusivamente hasta las 12 semanas de embarazo y las 18 semanas cuando se trata de niñas indígenas y mujeres de áreas rurales-, solo 93 han accedido al aborto legal bajo esta causal, hasta noviembre de 2023. Esto evidencia que el empleo de las causales ha sido insuficiente para garantizar el acceso al aborto.

¿Por qué es inefectivo continuar penalizando el aborto en Ecuador?

Sarahí: El Ecuador tiene la obligación de respetar los tratados internacionales de los cuales es signatario, donde se señala que la prohibición, así sea parcial del aborto, está catalogada como violencia de género y genera daños desproporcionados al tejido social, rompiendo familias y perpetuando círculos de violencia. Las mujeres criminalizadas por abortar son sometidas a tratos inhumanos, indignos y torturas en prisión. En 2021, la Corte Constitucional concluyó que la penalización del aborto por violación no era necesaria y que había otro tipo de medidas más efectivas para reducir los índices de aborto. La Corte Constitucional, por tanto, deberá emitir una sentencia donde esperamos que reafirme que la regulación del aborto debe salir del derecho penal para ser manejado a través de una mirada integral del derecho a la salud y el acceso a la justicia reproductiva. En esta misma línea, la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Verónica Garillo, reconoció el incumplimiento de Ecuador a las recomendaciones internacionales sobre despenalización del aborto y solicitó a la Asamblea derogar el artículo 149 del Código Penal. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil y el Ecuador están listos para despenalizar el aborto y que las personas con posibilidad de gestar puedan acceder al aborto como parte de su salud y de otros derechos fundamentales.