La Ley de Glaciares bajo amenaza: extractivismo, patriarcado y la defensa del agua
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional amenaza las principales reservas de agua dulce del país y habilita el avance de la megaminería en territorios protegidos. Desde La Rioja, Jenny Luján, integrante de la Asamblea por la Vida Chilecito y de Mujeres Defensoras del Aguita del Famatina, analiza el impacto político, ambiental y feminista de una disputa que pone en juego la supervivencia de las comunidades cordilleranas.
Por Noelia Aguilar Moriena
La reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno de Javier Milei no es un hecho aislado ni técnico. Se inscribe en una larga disputa entre los intereses del capital extractivo y los derechos de las comunidades que habitan los territorios cordilleranos. En nombre del “desarrollo” y la atracción de inversiones, el proyecto oficial busca flexibilizar una norma que hoy protege glaciares y ambientes periglaciares, es decir, las principales reservas estratégicas de agua dulce del país. La iniciativa habilitaría a las provincias a definir qué proteger y qué no, debilitando los presupuestos mínimos ambientales y abriendo la puerta a la megaminería y a la exploración de hidrocarburos en zonas hoy vedadas.
En provincias como La Rioja, donde el agua es un bien escaso y vital, esta reforma tiene implicancias directas sobre la supervivencia de las comunidades, las economías regionales y las formas de vida. Allí, la experiencia de resistencia contra la megaminería en el cordón del Famatina se convirtió en un símbolo nacional y continental. Desde ese territorio, la voz de Jenny Luján, integrante de la Asamblea por la Vida Chilecito y de Mujeres Defensoras del Agüita del Famatina, condensa años de lucha, organización y pedagogía popular.
Jenny Luján, integrante histórica de ese proceso, sintetiza con claridad el sentido de la reforma: “El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, presentada por el gobierno de la Nación, apoyado por los gobernadores de las provincias cordilleranas y el eterno lobby de las mineras y petroleras, es una adecuación a los intereses económicos de las empresas transnacionales”. Y advierte que el impacto no es abstracto: “Los glaciares y los humedales altoandinos son nuestros verdaderos tanques de agua”.
En Argentina, los glaciares se distribuyen a lo largo de toda la Cordillera de los Andes y son una fuente clave de agua dulce para alrededor de 7 millones de personas, lo que representa el 18 % de la población, especialmente en regiones que suelen atravesar déficit hídrico.
“Sabemos que en los meses de mayor sequía los glaciares son quienes nos proveen de agua. Y las mineras están muy interesadas en continuar, porque ya lo están haciendo, destruyendo las zonas periglaciares para seguir alimentando la voracidad del capital”, detalla la activista ambiental.
En el país, la superficie total de glaciares alcanza aproximadamente los 8.484 km² distribuidos en 12 provincias. De ese total, 5.769 km² corresponden a glaciares andinos y 2.715 km² se localizan en las islas Georgias y Sandwich del Sur. Cerca del 80 % se encuentra dentro de áreas protegidas y cumple un rol fundamental al alimentar 36 cuencas hidrográficas. En reconocimiento a su relevancia estratégica para el territorio argentino, en 2010 se aprobó la Ley Nacional de Glaciares (26.639).
La ley vigente es, como detalla Jenny, “el resultado de la lucha social, de la movilización, de los debates, de las discusiones que hubo en este país, en todas las comunidades”. No surgió del consenso con las corporaciones, sino del conflicto abierto con ellas. Sin embargo el extractivismo ha sido una política de Estado sostenida por distintos gobiernos, más allá de las disputas partidarias.
Desde una mirada feminista y popular, la forma en que se intenta imponer la reforma es también una forma de violencia política. “Modificar la ley sin consulta ni participación de las comunidades es también una forma de manifestar su ideología, de ningunear a los trabajadores, a las trabajadoras, a las comunidades, y a quienes vivimos en este país, sobre todo a las mujeres”, sostiene.
De esta forma, la exclusión deliberada del debate reproduce una lógica patriarcal que desconoce los saberes comunitarios y deslegitima las voces que históricamente han cuidado el agua y la vida.
Organización feminista ante el saqueo
La resistencia en el Famatina lleva casi veinte años. Nació en 2006, cuando las comunidades lograron expulsar a grandes corporaciones mineras como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y Midais. Desde entonces, la Asamblea se convirtió en un símbolo identitario y en una escuela política construida desde abajo. “La mejor universidad que tuvimos fue la participación en asambleas y bloqueos”, resume Jenny.
Esa lucha estuvo -y sigue estando- mayoritariamente encabezada por mujeres. No solo en la primera línea de los cortes de ruta, sino en la organización cotidiana, la producción de alimentos, la defensa del agua y el sostenimiento de las economías regionales. “Somos las mujeres quienes sostenemos la vida en las comunidades”, afirma al tiempo que remarca que son ellas quienes se movilizan para buscar agua, reclamarla y defender la tierra.
En ese sentido, el extractivismo no se vive únicamente como una amenaza ambiental, sino como una agresión directa sobre los cuerpos y las tramas comunitarias. “Dinamitar las montañas es violentar el útero de lo que sostiene la vida”, señala, estableciendo un vínculo profundo entre la destrucción del territorio y la violencia patriarcal sobre los cuerpos feminizados. El saqueo no solo seca la tierra: erosiona identidades, culturas, modos de crianza, de alimentación y de organización social.
La creación de Mujeres Defensoras del Agüita del Famatina respondió a esa necesidad de construir un espacio propio dentro de la lucha socioambiental. Allí, el feminismo no es una consigna abstracta, sino una práctica cotidiana: un espacio para hablar de machismos, de violencias internas, del desgaste físico y emocional de estar siempre en la primera línea. “Necesitábamos un lugar para abrazarnos, llorar juntas y sostenernos”, explica Luján.
Durante la pandemia, ese entramado fue clave para la supervivencia de muchas compañeras, especialmente trabajadoras independientes y artesanas que quedaron sin ingresos. La defensa del agua se transformó también en una red concreta de cuidados y solidaridad.
Sin consenso social, con violencia institucional
En los territorios cordilleranos, la defensa del agua no se limita al debate legislativo ni a los comunicados oficiales. Se expresa, una y otra vez, en la calle. El miércoles 4 de febrero, en Mendoza, miles de personas se movilizaron para rechazar el avance de la megaminería y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Glaciares. La convocatoria fue amplia, diversa y pacífica, y reunió a asambleas socioambientales, organizaciones sociales, docentes, trabajadores y familias que volvieron a manifestarse en defensa del agua como bien común.
Sin embargo, cuando la movilización ya se encontraba en proceso de desconcentración, la respuesta del gobierno provincial fue un operativo policial que derivó en detenciones y agresiones contra manifestantes. La escena no resultó novedosa para quienes siguen de cerca el conflicto socioambiental en la provincia.
Desde el inicio de las movilizaciones contra el proyecto minero San Jorge en Uspallata, decenas de personas han sido detenidas o enfrentan causas judiciales por participar en acciones de defensa del agua en Mendoza. Mientras el discurso oficial insiste en la existencia de una supuesta “licencia social” para el desarrollo minero, los hechos muestran una persistente criminalización de quienes cuestionan ese modelo y ponen en discusión sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.
Desde una mirada feminista y comunitaria, esta violencia no es solo un mecanismo de control político, sino también una forma de disciplinamiento sobre los cuerpos que resisten. Mujeres, docentes, militantes socioambientales y asambleístas aparecen de manera recurrente entre quienes son golpeades, detenides o judicializades por participar en protestas.
La reforma de la Ley de Glaciares vuelve a poner en foco que la disputa no es solo ambiental, sino profundamente política y cultural. También evidencia el avance que el sector minero viene consolidando desde el inicio del gobierno de Javier Milei, acompañado por una matriz ideológica que niega el calentamiento global y minimiza la urgencia de proteger los bienes comunes.
Frente a un modelo que concibe los territorios como espacios disponibles para la explotación, la organización colectiva levanta una respuesta: sin agua no hay vida, sin comunidades no hay futuro. Defender los glaciares es defender la vida, y esa defensa (una vez más) es organización, memoria y cuerpo colectivo.
