¡Libertad para Paola!

Paola Ortiz está presa injustamente desde hace 13 años por una emergencia obstétrica. Su caso expone con crudeza la falta de acceso a la justicia para las mujeres pobres y deja en evidencia tanto criterios patriarcales como fallas que persisten en la justicia para aplicar la perspectiva de género. En esta conversación con Marina Gudiño, integrante del Área de Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) profundizamos en la historia de Paola y en la actualidad del caso.

Por Laura Rosso

-¿Cuáles son las irregularidades que se construyeron para condenar a Paola Ortiz?

-Las irregularidades son múltiples y gravísimas. En primer lugar, se violó el principio de inocencia: no existen pruebas que acrediten un nacimiento con vida, y eso está reconocido en el propio expediente. A pesar de ello, el sistema penal construyó una presunción de culpabilidad desde el minuto cero. Tampoco se tuvo en cuenta el contexto de extrema vulnerabilidad en el que vivía Paola, atravesada por violencias físicas, sexuales, psicológicas y económicas. La sentencia se basó en estereotipos de género, especialmente en la idea de la “mala madre”, y en la expectativa de un comportamiento materno idealizado e imposible. A todo esto se suma una defensa oficial negligente, que nunca creyó en su palabra y dejó vencer el último recurso disponible para evitar que la condena quedara firme.

-¿Por qué no se tuvo en cuenta la extrema vulnerabilidad de Paola, pretendiendo además que ella realizara maniobras de profesionales médicos?

-La causa de Paola comenzó en 2012, antes del primer Ni Una Menos, en un Poder Judicial aún más resistente a la perspectiva de género. Los mandatos patriarcales sobre la maternidad —que todavía persisten— eran entonces prácticamente incuestionables. Aunque ya existían avances, como el fallo FAL, el debate más profundo sobre derechos reproductivos recién tomó fuerza en 2018 con la Marea Verde. Desde el primer momento, Paola fue considerada culpable. No se analizó su contexto, ni su soledad, ni el carácter traumático y riesgoso de un parto en avalancha. Se esperaba que supiera actuar como una profesional de la salud: que cortara el cordón umbilical, que gestionara sola una emergencia obstétrica, como si cualquier persona —en shock, sin asistencia, sin apoyo— pudiera hacerlo. Incluso su experiencia previa como madre fue usada en su contra, como si la maternidad otorgara conocimientos técnicos. Paola es una mujer pobre, sola, históricamente violentada, y fue juzgada con la peor severidad justamente por eso.

-El testimonio de un policía y una pericia científica, ¿son suficientes para esta condena?

-No, de ninguna manera. La pericia utilizada —la docimasia pulmonar— es una prueba altamente cuestionada y de baja confiabilidad. Incluso así, el propio informe reconoce que no puede afirmarse un nacimiento con vida. Ese dato debería haber descartado cualquier hipótesis de homicidio. El testimonio policial tampoco tiene entidad suficiente. Paola llegó a la comisaría desesperada para denunciar que el padre de sus hijos había llevado por la fuerza a su hijo menor. En ese estado relató lo que había vivido, sin defensa, sin contención y sin saber que esas palabras serían utilizadas en su contra. No es un testimonio válido, mucho menos cuando es reconstruido por un tercero.

-La figura de la “buena madre”, los mandatos patriarcales y los estereotipos de género, también formaron parte de esta condena injusta, ¿por qué?

-Porque siguen profundamente arraigados en nuestra cultura y en el sistema judicial. La maternidad continúa asociándose a un rol esencial, obligatorio y homogéneo. Se espera que toda gestación sea deseada, acompañada, comunicada. El Poder Judicial sigue operando bajo ese guión, ignorando contextos de violencia, pobreza o soledad. Además, se produjo una confusión grave: las obligaciones legales surgen a partir del nacimiento con vida, no durante la gestación. Sin embargo, en el caso de Paola se le exigió actuar como si ya existieran obligaciones maternas, cuando justamente no hubo un nacimiento con vida. Estos estereotipos —la “mala madre”, la mujer culpable por pobre— fueron determinantes y sustituyeron un análisis jurídico objetivo.

-Paola tuvo una defensa oficial que actuó de manera negligente y no pidió su absolución a pesar de la falta de pruebas, ¿esto se enmarca en una justicia misógina y patriarcal? 

-Sí. El caso de Paola evidencia cómo operan el patriarcado y la desigualdad de clase en el sistema penal argentino. Su defensora oficial no creyó en ella, no investigó líneas alternativas, no pidió su absolución pese a la falta de evidencia y dejó vencer el recurso que podía revertir la condena. Ese abandono también es violencia. La Fiscalía y los jueces reprodujeron estereotipos discriminatorios: el de la “mala madre”, el de la mujer pobre sospechosa, el de quien “debería saber” cómo manejar una emergencia obstétrica. Paola fue juzgada sin ser escuchada. 

-¿Cómo están trabajando las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir que asumieron la defensa de Paola?

-Desde la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir —Rocío García Garro y Julia Luna asumieron la Defensa de Paola Ortiz—. En abril de 2024 presentaron un Recurso de Revisión para que la  sentencia sea  revisada con perspectiva de género y conforme a los estándares internacionales. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso “Manuela vs. El Salvador” (2021) —paradigmático y completamente comparable al de Paola— estableció que: “los estereotipos de género contaminan la investigación penal; afectan la imparcialidad judicial; vulneran la debida diligencia;  y constituyen violaciones autónomas de derechos humanos”. Es decir: lo que ocurrió con Paola no solo es injusto, sino contrario al derecho internacional vigente y obligatorio para Argentina. El Tribunal Superior de Justicia tiene la obligación  de revisar esta condena y reparar una injusticia que ya lleva 13 años. Así como el sistema judicial aplica estereotipos de “malas víctimas”, también aplica el de “mala madre”, legitimando condenas máximas sin escuchar ni comprender los contextos de vida. Esto se replica dentro del sistema penitenciario, donde las mujeres criminalizadas por eventos obstétricos suelen cumplir sus penas en absoluta soledad.

-Y Paola no es la única mujer en esta situación…

-Paola no es la única. Desde la Guardia acompañamos otros casos y trabajamos con organizaciones que también lo hacen. Sin embargo, es imposible dar un número exacto, ya que los registros penitenciarios no desagregan las causas y sólo consignan el tipo penal. Para identificar estos casos es necesario investigar uno por uno. Seguimos trabajando para visibilizar estas injusticias y para que ninguna mujer vuelva a ser encarcelada por una emergencia obstétrica. Son los sistemas de salud y acompañamiento los que deben intervenir en estas situaciones, nunca el sistema penal.