Reforma laboral y vidas precarizadas: por qué movilizamos el 11 de febrero
El miércoles 11 de febrero el gobierno de Javier Milei intentará avanzar en el Congreso con una reforma laboral. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas que busca profundizar la transferencia de derechos desde quienes viven de su trabajo hacia los sectores más concentrados del poder económico. Frente a esto, organizaciones sociales, feministas, transfeministas, estudiantiles, sindicales y territoriales convocan a movilizar en todo el país.
Por Daniela Cardano
Las reformas laborales no son discusiones técnicas ni lejanas. Son decisiones que organizan la vida cotidiana: el tiempo, las posibilidades de cuidado, la autonomía económica y la capacidad de construir redes comunitarias. Por eso, cuando se discuten cambios en el mundo del trabajo, también se discuten las condiciones que hacen posibles nuestras vidas.
El proyecto que el gobierno de Javier Milei abusca aprobar se presenta bajo la idea de “modernizar” el trabajo. Sin embargo, propone habilitar esquemas que permiten extender la jornada laboral hasta 12 horas consecutivas y crear sistemas de banco de horas que trasladan la organización del tiempo laboral a las necesidades empresariales. Cuando el tiempo deja de ser propio, se debilitan las posibilidades de descanso, de cuidado, de participación comunitaria y de organización colectiva.
“Cuando leí en el proyecto lo de las 12 horas pensé en cómo se organiza toda la vida alrededor del trabajo”, cuenta la trabajadora de la economía popular e integrante de un espacio comunitario de cuidados, Rocío Vilte, que se prepara para movilizar ese día al Congreso de la Nación desde su provincia, Jujuy. “En nuestros trabajos ya vivimos jornadas que no terminan cuando cerramos la puerta. Si el tiempo laboral se vuelve más flexible para los patrones, lo que se vuelve más rígido es el agotamiento de nosotras”.
La reforma también impulsa la figura del llamado salario dinámico, que permite que parte del sueldo pueda pagarse en distintas monedas o incluso en especie, mediante beneficios como comida o vivienda. Este tipo de mecanismos fragmenta el salario, reduce aportes a la seguridad social y debilita derechos vinculados a jubilaciones, licencias y cobertura de salud, profundizando condiciones de inestabilidad.
A su vez, el proyecto modifica el régimen de vacaciones permitiendo su fraccionamiento según criterios empresariales y habilita que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas, diluyendo su función protectora frente a la pérdida del empleo. Incluso introduce mecanismos que permiten resolver despidos discriminatorios mediante compensaciones económicas, transformando prácticas que deberían ser sancionadas en costos asumibles por las empresas.
Para Rocío, estos cambios profundizan desigualdades que ya existen. Señala que los ingresos en la economía popular suelen ser inestables y que, cuando faltan recursos, “lo primero que se resiente son los cuidados, la alimentación, la salud y la organización cotidiana en los barrios”.
La iniciativa también avanza sobre el derecho a huelga y la organización sindical. Establece restricciones que obligarían a sostener altos niveles de funcionamiento empresarial durante medidas de fuerza y habilita sanciones frente a acciones colectivas como tomas o bloqueos de establecimientos.
“En los barrios sabemos que si no hay organización colectiva, no hay derechos que se sostengan. Limitar la protesta es limitar la posibilidad de reclamar condiciones dignas de trabajo y de vida”, agrega Rocío.
Para ella este escenario también genera preocupación por la falta de definiciones claras de las conducciones sindicales tradicionales. “En los barrios también vemos que hay mucha incertidumbre. Muchas trabajadoras y trabajadores esperan que las centrales sindicales estén a la altura del momento y convoquen a defender los derechos laborales que están en riesgo. No hay tiempo para especulaciones, necesitamos señales claras de organización y defensa colectiva”, finaliza.
En paralelo, la reforma incorpora beneficios impositivos para empresas, consolidando un modelo donde las ganancias se concentran mientras se amplían los niveles de precarización laboral.
El tratamiento legislativo del 11 de febrero también incluye modificaciones vinculadas a la Ley de Glaciares y al régimen penal juvenil. No son debates aislados. Forman parte de un mismo proyecto político que avanza sobre derechos sociales, territoriales y ambientales, reforzando un modelo extractivo que necesita territorios y cuerpos cada vez más disponibles.
Frente a este escenario, la movilización convocada en todo el país busca expresar el rechazo a políticas que profundizan la desigualdad y debilitan las condiciones que hacen posible sostener la vida.
El miércoles 11 de febrero salimos a las calles en todo el país para decir que nuestras vidas no pueden quedar subordinadas a la rentabilidad empresarial. Porque cuando se intenta disciplinar el trabajo, también se intenta disciplinar la organización popular. Y porque los derechos laborales sostienen nuestras redes y nuestros cuidados.
