Por un diciembre feminista con aborto legal, seguro y gratuito: SenRed apuesta al conocimiento

En el día de ayer, 102 activistas de Socorristas en Red – feministas que abortamos se dieron cita en una reunión virtual en la que estuvo presente la abogada gradudada en la Universidad Nacional de Tucumán, Agustina Ramón Michel, en la previa del diciembre feminista para que en la Argentina el aborto sea despenalizado y legalizado.

Durante dos horas, la también profesora e investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), trabajó aspectos referidos a las regulaciones de aborto en el mundo y analizó los puntos más fuertes de los Proyectos de Ley de Interrupción Legal del Embarazo sobre los que se iniciarán los debates de la Cámara de Diputadxs el 1 de diciembre, en plenario de comisiones. 

Por supuesto, no estuvo ausente la comparación entre el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y lo alcanzado con la media sanción lograda en 2018.

Ramón Michel dedicó los primeros 40 minutos para explicar cómo se regula el aborto en otros países del mundo, y así poder llegar a una de las diferencias más significativas entre el proyecto del Ejecutivo y el de la Campaña: la objeción de conciencia (OC). El primero la regula y el segundo no la incluye. Se trabajó sobre las implicancias de esto junto con la evidencia de la objeción de conciencia en el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia y en el Protocolo de Atención integral a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.    

Según la profesional, «cada vez que se reconoció el derecho al aborto, se reconoció también la objeción de conciencia, está asociado uno con el otro». Aclaró también que en los únicos tres países del mundo que se prohíbe explícitamente la OC son Islandia, Suecia y Finlandia y esto obedece a condiciones singulares del sistema de salud en esos países. 

Para la abogada e investigadora, otra diferencia sustancial es el grado de despenalización. El de la campaña y el dictamen de 2018 incluyen que se derogue el artículo 88 del Código Penal, mientras que el del Poder Ejecutivo dice que si la mujer o persona con capacidad de gestar aborta más allá de las 14 semanas de gestación o no está incluida en las dos causales (salud y violación) puede tener una pena de hasta un año de prisión. 

Su participación finalizó con la conclusión de que si bien la despenalización total es el horizonte, el proyecto presentado el 17 de noviembre por el presidente Alberto Fernández «no soluciona todos los problemas, pero los mejora muchísimo».

El espacio sirvió para que entre activistas socorristas se discuta sobre todos estos aspectos, ligados al hacer de una red que articula con otras redes y que reconoce que apostar a la construcción de conocimientos es una apuesta política para nuestro activismos cotidiano. 

En este sentido, estas acciones  de formación y debate son claves para las semanas que se avecinan y el enorme hacer que tenemos por delante para #QueSeaLey. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo construido y posibilitado por la Marea Verde que no cesa en su persistencia. 

Tenemos cronograma de debate, #AhoraQueSeaLey.

Por un diciembre feminista con aborto legal, seguro y gratuito.