Ley de obstetricia en Argentina, un asunto pendiente
El Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ipas, la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina lanzaron la Campaña #DeudaConLasObstetricas. En esta nota te contamos por qué es importante una Ley de obstetricia en nuestro país.
“Necesitamos una ley unificada porque es la herramienta para lograr vencer las desigualdades a nivel nacional, para sembrar el escenario propicio para el ejercicio profesional y regulado de la obstetricia, al mismo tiempo de mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud y de las políticas públicas en materia de salud sexual, reproductiva y no reproductiva en todo el país”, detalla desde Neuquén, Débora De Grazia, Licenciada en Obstetricia y trabajadora en Hospital Junín de los Andes.
En Argentina no hay normativas precisas que reconozcan la autonomía del ejercicio profesional de la obstetricia y fijen estándares basados en las recomendaciones internacionales. Y aunque en 22 de las 24 jurisdicciones está regulada la profesión, las competencias y la autonomía profesional reconocidas varían ampliamente.
Desde Catamarca, la Licenciada en Obstetricia, Carola Ferreyra sigue la idea de su par de Neuquén. “Como colectivo de profesionales buscamos una ley nacional de ejercicio profesional que estandarice y regule las prácticas en todo el territorio nacional de acuerdo a las recomendaciones de organismos como UNFPA, ICM y OMS”. La profesional se refiere al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a la Confederación Internacional de Matronas (ICM, por sus siglas en inglés) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una nueva ley “permitirá ajustar el marco normativo vigente y alinearlos a los recomendados por estos organismos de rectoría global, fortaleciendo la formación e invirtiendo en recursos adecuados para asegurar un ejercicio profesional de calidad”, precisa Ferreyra. Una legislación federal que actualice las competencias y condiciones de ejercicio de la obstetricia es imperiosamente necesaria.
Con la actual ley, existe una gran disparidad en las competencias ya que cada provincia regula las prácticas y estas varían ampliamente en cada territorio. Así, la situación de la obstetricia se complejiza aún más debido a la incongruencia entre la formación, la praxis y la ley ya que en las actividades cotidianas se cumplen más funciones de las que estipula la norma. Y, en la mayoría de los casos, la práctica está por encima de lo que la ley menciona.
Un poco de historia
Argentina cuenta con un interesante marco normativo vinculado a la salud sexual reproductiva (SSR) y no reproductiva. La lista es amplia: la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2002, la de Parto Respetado de 2004, la de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, sancionadas en 2020 y, la recientemente alcanzada por la marea verde durante la pandemia, ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE.
Pero en cuanto a la ley nacional que regule el ejercicio de la práctica obstétrica a nivel nacional, aún hay un gran vacío. La actual, data de 1967 y encuadra los servicios que prestan como “actividades de colaboración de la medicina” y, hasta el día de hoy, continúan sin reconocimiento formal de su jerarquía profesional. Tampoco considera sus competencias en materia al acceso a métodos anticonceptivos, la consejería en salud sexual reproductiva, la asistencia pre, durante o pos eventos obstétricos.
Las competencias reconocidas varían en cada territorio provincial. Entre las más importantes se pueden mencionar la consejería en SSR, participación en el parto, vademecum obstétrico, colocación y extracción de métodos anticonceptivos e IVE/ILE.
La importancia de la actualización de la normativa puede observarse claramente en la aseveración de De Grazia, quien especifica que “con una regulación profesional y la formación adecuada quienes ejercemos la obstetricia tendríamos la capacidad de proveer el 87 % de los servicios esenciales de salud sexual reproductiva y evitar muertes o complicaciones en la salud de las personas gestantes”.
#DeudaConLasObstétricas
Para Ferreyra el déficit más importante que marca la ausencia de la ley “es que mantenemos un rol de auxiliares de la medicina. Si bien en algunos territorios se reconoce la autonomía profesional de las obstétricas, no se ha logrado aún el reconocimiento del impacto positivo que nuestra profesión tiene en cuanto a garantizar derechos sexuales y reproductivos”.
La licenciada De Grazia reafirma la idea al mencionar que la ley permitiría “fundamentalmente la accesibilidad en materia de salud sexual y reproductiva. Es decir, que muchas más personas tendrían acceso a consultas, controles y tratamientos sobre su salud, con énfasis en la atención primaria de la salud, lo que además descomprimiría la demanda a profesionales afines al campo de la obstetricia”.
Por eso, el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ipas, la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, impulsan la Campaña titulada #DeudaConLasObstetricas por la regulación del ejercicio profesional de la obstetricia. La misma apoya la sanción de una ley que reconozca la autonomía del ejercicio profesional de la Obstetricia.
Porque urge la implementación de una normativa que repare la situación descripta por Ferreyra y De Grazia. Una ley nacional que valore mucho más su trabajo y otorgue tranquilidad a quienes ejercen la obstetricia. La tranquilidad de saber que su práctica está legitimada, reconocida como derecho.
