No es negligencia, es crueldad

En un momento donde la urgencia de alimentarse se hace más aguda para las familias argentinas, el gobierno ha mostrado su lado más despiadado al retener toneladas de alimentos, algunos al borde de vencer, en almacenes del Ministerio de Capital Humano. Rosalía, trabajadora de un comedor comunitario y popular de De La Garma, es testigo directo de este problema que parece no tener fin.
Por Daniela Cardano
El contraste entre el discurso oficial que acusa a los movimientos sociales de lucrar con la pobreza y la realidad de las familias argentinas que enfrentan la escasez de alimentos es un golpe duro para la credibilidad del gobierno. Mientras el presidente Javier Milei y sus funcionarios y funcionarias defienden una supuesta lucha contra la corrupción en los comedores populares, la evidencia de toneladas de alimentos guardados en depósitos pone en entredicho esta narrativa y revela una desgarradora crueldad.
Aunque el gobierno ha comenzado a distribuir en la noche del 3 de junio los alimentos que fueron objeto de controversia en las últimas semanas, cumpliendo así con la orden judicial de presentar un plan de distribución, solo repartirán los que están a punto de vencer. Este movimiento responde a la exposición de la situación y a las advertencias del juez Sebastián Casanello, quien había instado a una rápida ejecución del plan.
Pero la polémica no se disipa. La distribución desigual de los alimentos entre las provincias ha generado críticas, especialmente porque algunas áreas con alta densidad poblacional, como el conurbano bonaerense, están recibiendo significativamente menos que provincias con menor población.
La subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, defendió la política pública actual y cuestionó al juez Casanello: “no vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública”; pero la intervención judicial fue necesaria debido a la inacción del propio Ministerio de Capital Humano. A pesar de las órdenes judiciales, el ministerio no cumplió con la presentación de un plan de distribución en el tiempo establecido, demostrando una falta de responsabilidad y argumentando que estos alimentos se reservan para situaciones de emergencia, pero ¿qué emergencia puede justificar el acopio de millones de kilos de comida? .
“¿Cuál es la catástrofe que esperan? ¿Acaso hay otra catástrofe más grande que no tener un plato sobre la mesa?», se pregunta Rosalía Parravicini desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con indignación. “Esta actitud revela que no es negligencia, es crueldad y que la falta de empatía de aquellos que están al mando, es porque prefieren mantener su poder y privilegio a costa del sufrimiento de las personas más vulnerables”. Es hora que “nos rindan cuentas por su desprecio y cumplan con su deber de proteger y servir al pueblo que supuestamente representan”.
El desdén del gobierno se evidencia en cada acción y declaración. Las idas y venidas con los alimentos almacenados es solo la punta del iceberg de una política que prioriza los discursos de odio por encima del bienestar de la población. En un contexto de creciente desigualdad y crisis económica, Rosalía dice que el hambre es más que una necesidad física; significa una “forma de violencia que se ejerce contra nuestras dignidades”.
3J: el hambre también es violencia

Desde su experiencia directa en la línea del frente del comedor comunitario y popular, su voz se suma a la de aquellos y aquellas que exigen respuestas y acciones inmediatas ante una situación que no puede tolerarse más. Cuenta que este 3 de junio a 9 años del primer Ni una menos, también “nos levantamos para denunciar una forma de violencia menos visible pero igualmente devastadora: el hambre”. Bajo la consigna “el odio y el hambre matan” y «el hambre no puede esperar», las marchas y concentraciones en todo el país señalaron la conexión entre la crisis económica y social y la escalada de violencia en todas sus formas.
Según informes del Banco Mundial y estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en muchos países, especialmente en contextos de pobreza, las mujeres asumen roles fundamentales en la provisión de alimentos y el cuidado de la familia. Esto se agrava aún más en hogares pobres, donde las mujeres son responsables de enfrentar la cruda realidad de la falta de acceso a alimentos.
La pobreza en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, con un 55.5% de la población afectada en el primer trimestre de 2024, que se traduce en 25 millones de personas que se encuentran por debajo de la canasta básica total. En este contexto, la retención de alimentos por parte del gobierno es simplemente inexcusable, solo es una muestra de su crueldad. En un país donde la mayoría de los hogares pobres son sostenidos por mujeres, la falta de acceso a alimentos, dice Rosalia, “no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de género. Son las mujeres las que nos vemos obligadas a enfrentar la realidad más cruda, las que luchamos por alimentar a nuestras familias mientras el gobierno nos abandona”.
El papel de las organizaciones sociales y los, les y las líderes comunitarias en la denuncia de estas prácticas ha sido fundamental. Ante un gobierno que no escucha el grito de quienes sufren las consecuencias de su crueldad e inacción, lo que nos salva es la acción colectiva.