Contra el punitivismo

Claudia Cesaroni es abogada y magíster en criminología. Integra el CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) y la Red Argentina No Baja, que articula las voces de quienes están contra la baja de edad de punibilidad. Sus libros más recientes son Morir un poco cada día, sobre casos de adolesecnete condenados a penas prolongadas o a prisión perpetua, y Contra el punitivismo. Ahora está trabajando en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo (sobre el que también publicó un libro), en el que murieron por lo menos 65 presos llamados “comunes” en la cárcel de Devoto, el 14 de marzo de 1978. 

Por Laura Rosso 

¿Qué reflexiones hacés sobre lo que suele llamarse -en base a criterios discriminatorios- «portación de cara”, y la baja en la edad de punibilidad?

-Yo tengo una mirada crítica del punitivismo y de la utilización del sistema penal como modo casi absoluto para resolver todo tipo de conflictividad, y su exacerbación, su ensanchamiento, su aumento. Todo esto, en un contexto en el que vemos a diario como se desarma, se destruye, se dinamita el Estado en todas sus intervenciones sociales, económicas, soberanas y solo se ensancha el sistema penal. Entonces hay un dinamitamiento del Estado que participa, o que puede participar, en hacer mejor la vida de las personas, sobre todo de aquellas que más necesitan a ese Estado, y por otro lado se ensancha la participación del Estado en aspectos de seguridad, penales, etc. En ese contexto ese Estado penal o ese sistema penal es siempre selectivo, discriminatorio, elige a quien va a perseguir. Los protocolos de seguridad se aplican contra trabajadores, contra integrantes de movimientos sociales, o toda lucha que el gobierno no apoye. Es evidente esa selectividad y se expresa sobre todo con poblaciones que el Estado y sus fuerzas de seguridad y policiales ven como peligrosas. Todos los operativos, por ejemplo, de pedido de documentos, de parar en las calles, etc., no se realizan en la puerta de los countries o de los barrios más favorecidos para revisar las camionetas 4 x4. Lo vemos en los barrios populares, a los jóvenes adolescentes con aspecto sospechoso para la policía porque tienen gorrita, porque tienen una mochila, porque tienen alguna campera de un equipo deportivo, por su cara, por su mirada, por lo que fuera.

-¿Qué mirada tenés sobre la violencia institucional a pibes y pibas?

-Yo prefiero hablar de violencia estatal, más que de violencia institucional, me parece que lo de institucional difumina el rol del Estado en estas violencias. Porque una institución puede ser también un club, una escuela, y acá estamos hablando de la violencia del Estado y del aparato represivo del Estado, particularmente. O sea las policías, las fuerzas de seguridad. Yo insisto con esta distinción porque una cosa es la policía, las policías locales, la policía federal, la policía de cada provincia y otra cosa son las fuerzas de seguridad que el Estado pone a cumplir funciones policiales, como la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria y desde el 10 de diciembre, el servicio penitenciario federal. Esto es muy grave porque el servicio penitenciario federal ha pasado a depender del Ministerio de Seguridad, cuando desde el retorno democrático dependía del Ministerio de Justicia. Entonces ahí tenemos otra fuerza al servicio de las políticas represivas y bajo el mando de Patricia Bullrich. Esto también es evidente: no solo el rol de la violencia estatal en aquellos casos en que actúa cumpliendo funciones -mal o bien-, por ejemplo reprimiendo un delito, sino en todas las veces que actúan integrantes de esas fuerzas, fuera de sus horarios de servicio matando adolescentes en presuntos actos de defensa personal o casos presentados como de legítima defensa, o en la persecución de un delito aunque no estén cumpliendo funciones. Esto tiene su base en que son educados como policías teniendo que actuar como policías las 24 horas del día aunque no estén en servicio. Entonces pueden estar yendo al supermercado con su hijita de tres años y si entra alguien y roba un sachet de leche, le da la voz de alto y no responde, empieza un tiroteo. Las víctimas pueden ser los presuntos autores de delito, el que está robando la caja o el sachet de leche, o personas que pasan por ahí. El caso más tremendo fue hace poco cuando un niño, Bastiàn, de 10 años, que venía de jugar al fútbol con su mamá por la calle, se cruzó con un policía fuera de servicio que venía persiguiendo a dos o tres jóvenes que le habrían querido robar, empezó a disparar y mató a este niño. Estos casos adquieren conocimiento público cuando se mata a un inocente, pero hay muchos otros casos en los que esto pasa desapercibido cuando se mata al “culpable”, cuando deberíamos recordar que nadie es culpable hasta que se lo condena. 

-Gran parte de la sociedad cree que el punitivismo es la solución al delito, ¿por qué?

-Yo creo que es un problema transversal a una parte de la sociedad y de gran parte de nuestros dirigentes políticos y políticas, lamentablemente. Una puede ver con una mirada un poco atenta cómo municipios de distinta mirada política -y que se diferencian en sus políticas sociales, educativas, territoriales-, publicitan sus políticas de seguridad y publican operativos absolutamente militarizados. O los llamados de operativos de prevención situacional, con jóvenes que están contra la pared. Estos operativos son ilegales, lo ha dicho la Corte Interamericana porque entiende que son detenciones sin fundamento y meramente basadas en el aspecto físico, en el auto, etc. Y eso no debe tolerarse. Parar a alguien en la calle es detenerlo, y vamos aceptando que se nos detenga en la calle, que se nos pida el documento con argumentos de prevención del delito cuando está archidemostrado que esos operativos masivos no previenen ningún delito. Esto prácticamente no le parece grave a casi nadie y es muy grave porque va habilitando afectaciones a nuestras garantías. Ahora se está discutiendo que eso mismo lo hagan las fuerzas armadas.

-Cómo es la situación de mujeres jóvenes y vulnerables que son encarceladas por transportar droga, situación a la que llegan muchas veces como única opción para poder sobrevivir.

-En determinados delitos hay un sesgo de género, hay una vulnerabilidad que afecta particularmente a niñas, adolescentes y mujeres que, en la inmensa mayoría de los casos, aceptan pagos miserables para transportar estupefacientes o comercializar sustancias prohibidas como modo de subsistencia económica -porque carecen de otros modos de tener ingresos mínimos-. Ese tipo de delito implica penas que son altas, un mínimo de cuatro años. Muchas veces estas mujeres terminan presas lejos de donde viven y de sus familias porque no hay cárceles cerca de sus lugares. Esta construcción del “monstruo narcotráfico” hace que haya un recorte de derechos de los presos y presas asociados al narcotráfico, que los y las afecta. La cárcel es pura destrucción en estos casos y pura afectación de derechos a personas que ya carecen prácticamente de todo derecho.