Huelga de hambre en Bouwer: cuando la salud no es un derecho
Foto: Facebook Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL)
La muerte de Carla Gisel Gascom, de 38 años, ocurrida el 17 de octubre en la cárcel de Bouwer, Córdoba, generó una fuerte respuesta de protesta. Sin recibir la atención médica que necesitaba, su fallecimiento impulsó a las internas de los pabellones B1 y B2 a iniciar una huelga de hambre el 23 de octubre. Exigen mejoras ante las “condiciones inhumanas” que denuncian dentro del sistema penitenciario, marcadas por el maltrato físico y psicológico, así como el abandono en la atención de su salud y bienestar.
Por Daniela Cardano
El establecimiento penitenciario ha sido repetidamente denunciado por prácticas de tortura y violaciones a los derechos humanos. La huelga de hambre actual coincide con la reciente prisión preventiva dictada por la Fiscalía de Instrucción de Córdoba a diez agentes del Servicio Penitenciario, entre ellos un exdirector y varios oficiales, acusados de “tortura seguida de muerte” de un detenido que, según el fiscal, “no recibió atención médica adecuada y fue aislado en condiciones inhumanas», lo que provocó su descompensación y eventual fallecimiento.
Estos antecedentes reflejan la extrema vulnerabilidad de las personas detenidas en Córdoba, un contexto que cobra mayor relevancia con la huelga de hambre, en la que las internas exigen mejoras en la atención médica y condiciones dignas. Silvia Manzur, activista del Movimiento Anticarcelario (integrado por Solidaridad Anticarcelaria Córdoba, FAL -Frente Antirrepresivo en Lucha- y autoconvocades), señala que las mujeres en huelga piden acceso a hospitales, resoluciones de casaciones en los juzgados y libertades condicionales y asistidas. «La muerte de Carla fue el detonante: ella pedía atención médica, pero solo recibió analgésicos. Cuando finalmente consideraron su estado, ya era demasiado tarde», explica.
El caso de Carla no es aislado; el sistema penitenciario de Bouwer muestra un patrón de negligencia médica. Gabriela Molina, de 49 años, murió en abril tras recibir un diagnóstico erróneo. Sus compañeras debieron protestar para que fuera trasladada al hospital, donde finalmente falleció por un ACV que inicialmente fue tratado como un simple «ataque al hígado».
«Las cárceles no cuentan con médicos especializados, y las mujeres son atendidas por médicos generales que no abordan sus necesidades específicas», denuncia Manzur. «Si reclaman atención, rara vez son trasladadas a un hospital, lo que refleja una desidia estatal hacia su bienestar».
En Córdoba, numerosas muertes en contextos de encierro se han producido por la falta de atención médica adecuada. Muchas de estas tragedias son el resultado de la negligencia en el cuidado sanitario, exacerbada por una alimentación deficiente, el uso excesivo de medicación psiquiátrica y el hacinamiento extremo. Por lo tanto, la responsabilidad recae en el Estado y en el sistema judicial, que deben rendir cuentas por estas situaciones.
La situación de las internas en Bouwer es alarmante. De 566 mujeres, “menos de diez tienen acceso a educación” y, en promedio, pasan solo dos horas al mes al aire libre, un régimen de encierro que impacta tanto su salud física como mental. «La huelga de hambre es no solo una protesta por la falta de atención médica, sino un acto de resistencia ante un sistema que ignora los derechos humanos», agrega Manzur.
El Movimiento Anticarcelario también ha denunciado las barreras que enfrentan las internas para acceder a la justicia y los obstáculos en sus procesos judiciales. «Muchos casos quedan sin resolución, y hay mujeres en prisión preventiva sin juicio justo», enfatiza. Las mujeres en contexto de encierro han presentado un habeas corpus para visibilizar estas injusticias y demandar soluciones efectivas de las autoridades.
El endurecimiento de las políticas de visitas a las detenidas limita el apoyo emocional, ya que ahora solo familiares directos pueden ingresar, según indica la activista. Este aislamiento, sumado a las denuncias de tortura en Bouwer, ha creado un entorno insostenible para las detenidas.
Todes podemos acompañar estas luchas amplificando los reclamos y exigiendo respuestas a las autoridades. La situación en Bouwer refleja un sistema que castiga y margina. «Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y garantice salud y justicia para todas las internas», concluye Silvia Manzur.
