Justyna Wydrzyńska: la activista polaca que defiende el derecho al aborto en un juicio histórico en Europa
En Polonia, un país donde el gobierno conservador y católico ha hecho de la prohibición del aborto un ataque directo a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de abortar, el caso de Justyna Wydrzyńska ha reabierto el debate en uno de los estados europeos con leyes más restrictivas. Wydrzyńska es una activista acusada de haber ayudado a una mujer a interrumpir el embarazo y se enfrenta a tres años de cárcel en lo que es el primer juicio en Europa contra una activista por el derecho al aborto.
Por Daniela Cardano
A finales de 2021, la policía entró en la casa de Wydrzyńska denunciada por el esposo violento y abusivo de Ania, una mujer que deseaba abortar. Desde entonces, ha sido acusada de ayudar a un aborto y de poseer pastillas de Misoprostol. La audiencia fue pospuesta hasta marzo de este año debido a la ausencia de lxs principales testigxs: la mujer que necesitaba el aborto y su esposo; se descubrió que la pareja abusiva de Ania falsificó la firma de ella para así recoger su citación de comparecer en los tribunales polacos.
En una entrevista reciente brindada a Gemma Parera, activista de MIKA Sororidad Internacionalista, Justyna Wydrzyńska compartió testimonio y opinión sobre su situación. Según ella, su caso es político desde el principio y está siendo utilizado por los jueces y fiscales antiderechos para influir en la política. A pesar de las acusaciones en su contra, Justyna está convencida de que lo que está haciendo es ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y a ejercer su derecho al aborto. «Quieren silenciarme», dice Justyna, «pero seguimos dando información y apoyo a mujeres que quieren abortar».
Aunque el veredicto se dará a conocer a finales de marzo, la activista polaca ya ha dejado en claro que no se dará por vencida en su “lucha por los derechos de las mujeres”.
El juicio
El juicio de Justyna Wydrzyńska ha sido una montaña rusa de giros inesperados, y los últimos hechos que han surgido en el proceso son dignos de mención. Desde la defensa de Justyna pidiendo que se negara la participación de Ordo Iuris* en el proceso después de que revelaran los datos personales secretos de las y los testigos, donde el juez aún no ha tomado medidas en este sentido, hasta la valentía de una declarante clave que se mantuvo firme frente a los antiderechos que se manifestaron en las puertas de los tribunales con parlantes e imágenes, intimidando y violentando a quien se acercara.
A febrero de 2023, importantes testimonios han sido presentados en el caso, evidenciando la valiosa ayuda que Justyna y sus compañeras han brindado a las personas que buscaban abortar. Sin embargo, durante el proceso, se han reportado acciones sospechosas de la fiscalía, que parecen estar tratando de ganar tiempo. Además, una persona de una organización antiderechos admitió haber revelado información personal de las y los testigos, lo que ha generado preocupación en el equipo de defensa.
El juicio de Justyna ha puesto en el foco de atención la lucha contra la violencia machista y la defensa del derecho de mujeres, lesbianas, varones trans, intersex y personas no binarias a decidir sobre su propio cuerpo.
La pareja de Ania, quien ha sido descrito como un hombre violento y controlador, ha comparecido ante la corte luego de no haberse presentado, haber robado la citación y falsificado la firma de su esposa para que ella tampoco se acercara al juicio en octubre de 2022. En esta nueva audiencia hizo confesiones escalofriantes, en las que ha dejado claro que quería forzar un embarazo no deseado y cree que su pareja debe pedirle permiso para abortar o maternar.
Estas violencias machistas están siendo respaldadas por los fanáticos de Ordo Iuris*, quienes aparecen en la corte como «defensores de los intereses del feto y sus posibles sucesores«. Pero esta defensa no es más que una forma de controlar y limitar los derechos de las mujeres y otras identidades disidentes.
A pesar de los obstáculos que Justyna y su equipo defensor han enfrentado durante el juicio, hay otra sesión programada para el 14 de marzo y la sentencia se dictará el 27 de marzo de este año. La defensa de Justyna sigue luchando por su libertad y por los derechos de las personas a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.
“Tenemos mucha presión por lo que está pasando, pero no vamos a parar. No tengo miedo al veredicto; si me encontrara con la misma situación, lo haría de nuevo”, le asegura la activista a Parera.
*Ordo Iuris es una organización polaca que se describe a sí misma como un «think-tank» (grupo de reflexión) y un bufete de abogados conservadores. En particular, Ordo Iuris ha sido conocida por su defensa de la prohibición total del aborto en Polonia y por su oposición a los derechos de las parejas del mismo sexo y la comunidad LGBT+ en general. La organización ha sido objeto de controversia por su interferencia en casos judiciales, incluyendo el caso de Justyna Wydrzyńska.
Restricciones para abortar
Uno de los países europeos, junto con Andorra y Malta, con una legislación más restrictiva en relación con los derechos sexuales y reproductivos, es Polonia, donde el aborto sólo es legal cuando la vida o salud de la embarazada corren peligro (hasta las 22 semanas) o cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto (hasta las 12). Esta restricción proviene de una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, menciona Gemma Parera de MIKA, en su artículo periodístico.
Esta situación de vulneración de derechos de las personas que pone en peligro su vida y limita la libertad de decidir sobre su cuerpo es lo que ha llevado a Justyna y a tantas otras personas polacas a luchar desde hace años por sus derechos. Justyna forma parte y fue una de las fundadoras en 2016 del colectivo Abortion Dream Team, que trabaja contra el estigma del aborto en Polonia y ofrece asesoramiento sobre cómo abortar sin riesgos.
Desde que el gobierno de Ley y Justicia (PiS) de extrema derecha y de ideología católica, conservadora y proteccionista, llegó al poder en 2015, se han producido numerosos intentos de restringir aún más el acceso al aborto en Polonia, lo que ha generado una gran resistencia y movilización social. En 2016, se promovió una iniciativa ciudadana que pretendía prohibir el aborto en cualquier circunstancia, pero finalmente se retiró debido a las masivas protestas que generó.
En 2018, se volvió a intentar restringir aún más el acceso al aborto a través de un proyecto de ley que hubiera criminalizado la interrupción voluntaria del embarazo y que habría condenado hasta cinco años de cárcel tanto a las personas que abortaran como al personal de salud que las ayudaran. La propuesta también incluía la posibilidad de investigar a quienes hubieran abortado en el pasado y la creación de un registro de médicos y médicas que estuvieran dispuestas a realizar abortos.
Esta iniciativa también fue rechazada gracias a la presión social y a las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en todo el país. Sin embargo, en 2020, el Tribunal Constitucional dictaminó que la ley que permitía el aborto en caso de malformación fetal era inconstitucional, lo que llevó a la prohibición total del aborto en el país, excepto en casos extremadamente limitados.
Este retroceso en los derechos sexuales y (no) reproductivos en Polonia ha generado una gran preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, que denuncian la vulneración de los derechos y la limitación de su libertad de decidir sobre su propio cuerpo.
El caso de Justyna Wydrzyńska, acusada de ayudar a una mujer a interrumpir su embarazo en un contexto de violencia machista, es un ejemplo claro de la criminalización de la solidaridad y la lucha por los derechos de las mujeres en un entorno de regresión política y conservadurismo extremo.
A pesar de las dificultades y el riesgo de represalias, Justyna y otrxs activistas feministas de ese país continúan luchando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y por la garantía del acceso al aborto seguro y legal en su país. La resistencia y la movilización social son fundamentales para garantizar la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género en todo el mundo, y en particular en contextos de retroceso político y de amenaza a las libertades y derechos fundamentales.
