Mandatos, miedo y religión en las denuncias de médicos y médicas a pacientes
Entrevista a las abogadas feministas Natalia Saralegui y María Lina Carrera
En esta entrevista, dos de las autoras de Entra una paciente, sale una denuncia, (recientemente editado por Siglo XXI), hablan sobre el engranaje médico, jurídico y religioso que permiten los procesos penales contra pacientes que, del hospital van directo a la cárcel por haber interrumpido un embarazo.
Por Laura Rosso
-Entre el libro Dicen que tuve un bebé, y el siguiente, Entra una paciente, sale una denuncia, se legalizó en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo las criminalizaciones por eventos obstétricos continúan, ¿a qué reflexiones llegaron en estos años de investigaciones y escritura?
Natalia: Creo que las investigaciones que hicimos entre 2018 y 2020 (Dicen que tuve un bebé) y la que hicimos entre 2020 y ahora, 2023, (Entra una paciente, sale una denuncia) muestran tanto los avances producidos en media década de luchas por los derechos sexuales y no reproductivos como las resistencias por parte de culturas criminalizadoras y conservadoras. Es difícil poder analizar cómo cambia la cultura legal y la cultura profesional mientras suceden los acontecimientos, pero lo que seguro percibimos es que a los enormes avances legislativos -como fue la aprobación del derecho al aborto- se los debe acompañar con políticas públicas para la implementación plena y estrategias que sirvan para modificar dinámicas muy arraigadas. En lo que refiere a mujeres criminalizadas por eventos obstétricos creo que lo que cambió, sobre todas las cosas, a partir de la aprobación de la ley, es la posibilidad de visibilizar a este grupo de mujeres. Esto surge de una agenda feminista y de construir redes que puedan ayudar cada vez que nos enteramos de nuevos casos de mujeres en prisión o
denunciadas por hechos que no son delito sino producto de su capacidad de gestar.
-Pensando en el secreto médico profesional, en tanto derecho constitucional en sí mismo e independiente del derecho al silencio, aparece la falta de protocolos a nivel hospitalario y la ausencia de respaldo a les mediques, ¿quiénes son les mayores responsables en ese engranaje de procesos penales cuando se vulnera el derecho a la intimidad, como espacio de ejercicio de la autonomía personal, así como también el derecho a la integridad?
María Lina: Después de realizar más de cien entrevistas, de indagar en los programas académicos de las carreras universitarias de medicina y derecho, de visitar hospitales y cárceles, y conversar con agentes judiciales el problema de la violación al secreto médico profesional, lejos de encontrar un único responsable, se pierde en un entramado de condiciones que lo promueven: la falta de información, la falta de respaldo
institucional del personal médico y también judicial, la escasa sino nula educación al respecto, y la falta de formación en general con perspectiva de género. Definitivamente para pensar propuestas superadoras hay que invitar a las diferentes disciplinas a pensar en conjunto, y no separadamente. Pensar en indicaciones y protocolos claros. Pensar en que el personal médico se pueda sentir respaldado no solo por la ley -que hoy lo hace- sino por los demás actores sociales. Que no sientan miedo a hacer valer la letra de la ley y los derechos de los pacientes. Que puedan ejercer la medicina de una manera respetuosa sin que eso pueda poner en jaque su profesión.
-Las mujeres que abortan son “mamis falladas”, pacientes que “se dejan para lo último”, que son “menos importantes” en tanto la finalidad reproductiva no está cumplida. ¿Por qué se sigue con este trato deshumanizado en ciertas instituciones, con sesgos de género, clase y raza?
Natalia: Creo que la falta de un trato amoroso, respetuoso y sin discriminación en los centros de salud forma parte de un problema más general de la sociedad toda.
Difícilmente podamos cambiar en los hospitales la forma en la cual se da el trato a las usuarias del sistema sin entender que adentro del propio modelo médico hegemónico las violencias están a la orden del día, contra lxs mismxs efectorxs de salud. Con esto no pensamos que haya que eximir de responsabilidad a profesionales que discriminan y maltratan, sino que lo que queremos es mostrar que el problema es estructural y que la solución no está en discursos punitivistas, cuya estrategia nunca demostró servir para bajar los niveles de violencia. Lo que consideramos que hay que hacer es repensar la salud como un espacio más democrático, no centrado solo en los procesos biológicos de las personas sino también en sus contextos, en espacios donde la palabra de las mujeres que llegan con eventos obstétricos sea escuchada y respetada sin discriminación. El problema se ubica a nivel social y obviamente esto se puede ver en cómo se enseña medicina, en las aulas y en las residencias.
-Miedos, demoras en la atención, malos tratos (“¡Bien que te gustó!”), diferentes dimensiones de las violencias que sufren lxs cuerpxs gestantes en ocasión de interrupciones de embarazos ¿el sistema médico todavía refuerza el ideal normalizador de la maternidad, incluso abalado por cierto entramado sociocultural? ¿Por qué? Y ¿por qué cuesta tanto desarmar esos estereotipos?
Natalia: Para nosotras se vincula mucho con el punto anterior. Los estereotipos de la mujer-madre que suponen que por tener la capacidad de gestar debemos reconocer si estamos o no embarazadas, saber de educación sexual y hasta saber cómo conducir un parto permean en la salud y también en la justicia. Es un entramado muy complejo, muy arraigado, que creemos que es una tarea a desarmar desde muchos sectores de la sociedad, en especial que debemos erradicar de la justicia que nos castiga por no encajar en el estereotipo de esa idea preconcebida de lo que deberíamos ser.
-Hay un circuito que lleva a “obtener la confesión”, mediado además por la presión y la soledad en el ámbito de trabajo del hospital, ¿qué estrategias y herramientas se pueden utilizar para desafiar las dinámicas de criminalización?
Natalia: Dentro de las estrategias que encontramos para desafiar las dinámicas de criminalización advertimos que la presencia organizada de la sociedad civil en los centros de salud – y también en la justicia – mejora el clima para que las usuarias puedan reclamar por el cumplimiento de sus derechos y que lxs profesionalexs no tengan temor a romper lógicas violentas y de criminalización. La articulación con organizaciones feministas, que luchan contra la violencia obstétrica, por ejemplo, es central para ese objetivo. También encontramos que es central la organización de lxs profesionales de la salud en redes en las que se puedan apoyar para trabajar mejor, garantizando derechos
en vez de replicando modelos violentos. Al mismo tiempo, consideramos que la atención en los centros de atención primaria para la salud resulta un espacio en donde el trato es distinto que en los hospitales. Por eso, fomentar y fortalecer esos espacios de atención también puede ser una forma de desafiar la criminalización. Asimismo, la formación de efectorxs de salud – y también de quienes trabajan en la justicia- resulta un factor clave. Cuando hablamos de formación nos referimos tanto a la formación durante su carrera universitaria como luego durante su formación en residencias y posteriormente ya como personas que han terminado su educación universitaria.
-Por otro lado, también hay profesionales que honran el secreto médico profesional, entablan una confianza con les pacientes, no denuncian, sino que cuidan y curan. Resisten y se desmarcan del modelo médico patriarcal, no emiten juicios de valor, ni realizan prácticas discriminatorias, en este sentido el rol de las alianzas y redes entre profesionales de la salud, una justicia con perspectiva de género y los movimientos feministas (como Socorristas en Red, que desde hace más de 10 años acompaña abortos, cuidando amorosamente y promoviendo la autonomía de quienes decidieron interrumpir sus embarazos) abonan un camino en condiciones de igualdad, sin estereotipos y libre de discriminación, ¿a qué conclusiones se acercaron en tanto la existencia de estas alianzas?
María Lina: La existencia de alianzas nos demuestra que un ejercicio de la medicina respetuoso de los derechos de pacientes es posible. En las diferentes entrevistas nos encontramos con muchísimas personas trabajando y luchando para que eso sea una realidad: hacen un trabajo hormiga dentro de estructuras jerarquizadas como el hospital, a veces en localidades más pequeñas donde encuentran mayores resistencias. Para este tipo de profesionales que comenzaron su lucha en soledad la posibilidad de tejer alianzas les da un respaldo, refuerza sus propuestas y logran cambios enormes que cambia la vida de las personas. Esto no solo se da en el espacio médico, sino judicial.
Hay muchas personas hoy trabajando en conjunto para interpretar el derecho de una manera amplia, respetuosa de los tratados internacionales de derechos humanos. Este tipo de espacios permiten que discusiones como las del libro permeen en los hospitales
y en los tribunales.
