Un gobierno cruel que desfinancia políticas de género
El desmantelamiento de programas que habían sido creados para abordar problemáticas relacionadas a las violencias machistas, puso en evidencia la vulnerabilidad a la que fueron arrojades las personas víctimas de violencia de género.
Por Laura Rosso
Con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades (MMGyD), primero, y la desarticulación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, después, la transversalidad de las políticas públicas para vivir libres de violencias quedaron sin efecto. Y el desmantelamiento de diferentes programas que habían sido creados para abordar problemas relacionados a las violencias machistas, puso en evidencia la vulnerabilidad a la que fueron arrojades las personas víctimas de violencias y el modo en el que Argentina deja de cumplir con tratados internacionales a los que suscribe para garantizar la implementación de políticas públicas que protejan los derechos de mujeres y disidencias.
A siete meses de la asunción del nuevo gobierno, programas como Acompañar, que daba autonomía económica para salir de relaciones violentas, y Acercar Derechos, que consistía en equipos de abogadxs, psicólogxs y trabajadores sociales que brindaban apoyo a mujeres y LGBTIQ+ que atravesaban situaciones de violencias, no existen más. A eso se suma el despido del 85 por ciento de lo que quedaba de la planta del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con el consecuente desguace de la Línea 144, que brindaba asistencia y orientación sobre violencias por razones de género, y que, en este segundo embate de despidos a trabajadoras y trabajadores del Estado, alcanzó a una gran cantidad de operadoras. De esta manera el gobierno nacional informaba la desvinculación de 685 empleados y empleadas que trabajaban en lo que quedaba del MMGyD: “Hemos despedido al 85 por ciento de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen situación de violencia o riesgo”. La Línea 144 fue absorbida por el Ministerio de Justicia y su representante, Mariano Cúneo Libarona, a través de la red social X, agregaba: «No vamos a tener política de género. Nuestra política está orientada a ayudar y proteger a todas las personas que estén en situación de violencia y riesgo sin importar su sexo». Así, dejaba ver su desconocimiento de las desigualdades estructurales de género. Hoy son solamente 71 las personas que quedan para absorber todas las guardias de la Línea 144, las 24 horas de todos los días del año y en todo el país.
Mediante el Programa Acompañar, mujeres y diversidades de todo el territorio que atravesaban situaciones de violencias machistas, recibían por seis meses un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil, además de acompañamiento psicológico y social de equipos especializados en áreas municipales. Eso les permitía tener autonomía económica para salir de la relación de violencia. En este sentido, los municipios debían tener áreas de género o crearlas en aquellas jurisdicciones donde no existían. Recordemos que un 45 por ciento de las personas que hacían uso del Programa Acompañar, estaban en altísimo riesgo de volver a vivir la misma situación, en su mayoría, violencia física y psicológica. Acompañar ha sido un programa importante que claramente salvó vidas. El desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, las deja en peligro.
Desde su asunción, el 10 de diciembre de 2023, el gobierno nacional decidió el desmantelamiento de políticas y programas de género que le salvaron la vida a mujeres y disidencias en situaciones de violencias machistas. Con estos lineamientos propios de una política de la crueldad se rompe la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, lo mismo sucede con el desfinanciamiento de las acciones que ayudaban a promover los derechos humanos de niñas y adolescentes, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia -ENIA-. En 2021, de acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, los registros de nacimientos que tienen como madre a una niña de entre 10 y 14 años llegaron a casi 1400 casos. En ese mismo año, cada día, 4 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres. Esa cifra se redujo a 3 niñas en 2022, por el impacto positivo del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia -ENIA-, ya desmantelado por este gobierno.
Políticas de prevención de abusos y malostratos, ya consumadas en leyes, como la ESI (Educación Sexual Integral) y la Ley Micaela fueron del vital importancia para denunciar abusos y permitir a niñas, niños y adolescentes conocer sus derechos y las implicancias de relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento. Dejarlas sin efecto es otro enorme retroceso en la protección de quienes más sufren abusos, tanto intrafamiliares, como en el ámbito laboral y en otros espacios de la vida social.
