Un hacer feminista que se traduce en observaciones y conclusiones

En esta entrevista, Sonia Ariza Navarrete -abogada, coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI, e integrante del grupo promotor de REDAAS- comparte algunas impresiones sobre el reciente informe Leyes y sombras. Regulación del aborto en Latinoamérica, donde se reúne y sistematiza información sobre el panorama regulatorio del aborto en 16 países de la región.
Por Laura Rosso

–En el mundo, son menos de 10 los países que penalizan el aborto en su totalidad y 4 están en Latinoamérica. A través de este informe es posible tener un panorama regional y observar similitudes y diferencias, ¿qué es aquello que más te ha llamado la atención en contextos tan desiguales respecto a la accesibilidad del aborto?

Sonia: Una de las primeras cosas que notamos en relación con la observación regional de los modelos de regulación -más allá de la diversidad de estos modelos- es que, muchas veces, no está solamente en los códigos penales o en las leyes de regulación del aborto, las condiciones de acceso a las prácticas sino que hay que verlo de una manera comprensiva en los protocolos, en regulaciones sanitarias, en las normas de competencia de ejercicio profesional, en las leyes procesales de acceso a la justicia, de denuncia en el secreto profesional. Allí es muchas veces donde están esas condiciones que hacen que el aborto seguro sea posible y accesible para las personas.

-¿Cuáles dirías que son aquellas buenas prácticas regulatorias que inspiran frente al acceso al aborto en América latina y el Caribe?

Sonia: Pudimos observar muchísimas buenas prácticas y también identificamos en dónde se encuentran esas buenas prácticas en las regulaciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la receta digital para garantizar accesibilidad en los medicamentos necesarios para el aborto, en lugares donde los servicios de salud están alejados o donde hay dificultades para movilizarse y obtener una receta física para la persona que requiere la interrupción. Entonces la combinación del uso de la telemedicina y las recetas digitales funcionan muy bien como combo facilitador para el acceso en lugares remotos. Es una buena práctica seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que muestran que el aborto, sobre todo en las primeras etapas de la gestación, es una práctica segura que se puede realizar de manera ambulatoria e incluso autogestionada, sin intervención del sistema de salud o de profesionales de la salud cuando hay información adecuada. Si bien son pocos los países donde esto está regulado de manera adecuada, lo cierto es que fomentar la protección jurídica de la autogestión del aborto y las condiciones para que los servicios puedan realizar prácticas de manera ambulatoria de acuerdo a los estándares clínicos y de atención resulta también una garantía para el acceso y para ampliar el aborto seguro.

-Sigue siendo difícil salir de esos lugares restrictivos, ¿cuál es tu mirada al respecto?

Sonia: Sobre los plazos relacionados con las causales y con el aborto en general, creo que tienes razón es que es una de las conversaciones más difíciles. Muchas veces se escucha en discursos públicos y, en particular, de profesionales de la salud la creencia de que los limites dan seguridad, de que los limites ayudan a los profesionales de la salud, a los equipos y a las personas a tomar decisiones más rápidas. La realidad es que los límites legales en relación a los plazos son arbitrarios y también muy ineficaces porque, en muchos casos, dejan afuera a las personas que más necesitan acceder a las interrupciones del embarazo. Entonces creo que es necesario tener conversaciones acerca de cuál es la utilidad de esos límites legales, cuál es la eficacia de esos límites y considerar las recomendaciones internacionales que ya se han hecho en la materia.
Es necesario fortalecer la difusión de las recomendaciones de la OMS en relación con la regulación del aborto. Ya nos vienen diciendo, tanto el Comité de Derechos del Niño, como el Comité de derechos humanos en general y la CEDAW, que el derecho penal no funciona para regular el aborto. No funciona porque no evita el aborto si eso es lo se quiere y no funciona porque genera más daño en la salud de las mujeres y el desarrollo de la sociedades. Entonces, creo que la conversación sobre los plazos es parte de una conversación más amplia sobre los usos del derecho penal, porque finalmente lo que ocurre en muchos casos es que después del plazo tenemos el delito, ya sea que lo pongamos a las 14, a las 24 semanas o a cualquier edad gestacional. Si pensáramos en estrategias distintas a la penalización sería más sencillo encuadrar una conversación sobre los plazos en donde se determine, ya no para marcar la existencia de un delito, sino para garantizar las condiciones para que las personas puedan acceder en un entorno propicio, en todas las edades gestacionales.

-Siguiendo con las restricciones, hay dos categorías: altamente restrictiva y restrictiva…

Sonia: Esas categorías analíticas nos ayudaron a mostrar las diferencias entre las regulaciones de distintos países que, si bien pueden parecer en la letra grande similares, porque por ejemplo, tienen causales, cuando se mira la letra chica o el detalle regulatorio y las condiciones de accesibilidad, sucede que son regulaciones que tienen diferencias importantes. Por ejemplo, el caso de Uruguay es un caso bastante particular y que muestra estas diferencias, porque si bien es un país que tiene un modelo mixto, es decir que tiene aborto en un plazo y después tiene las causales, su regulación en términos de la letra chica es muy restrictivo porque impone tiempos de espera, impone más de una consulta antes de poder obtener un aborto legal, impone la residencia en el país por más de un año y tiene comités de ética, comités de revisión de las causales. Hay un montón de condiciones que hacen que sea realmente muy restrictivo el avance, a pesar de tener uno de los modelos más garantistas. Entonces, yo creo mirar las regulaciones en detalle nos permite profundizar e ir más allá del modelo regulatorio. Es importante mirar con este nivel de detalle las regulaciones. La OMS menciona mucho sobre las barreras que encontramos en la región y recomienda eliminarlas. Todos los comités se han expedido con contundencia a favor de la descriminalización del aborto, de la legalización del aborto y de la generación de condiciones de acceso, especialmente para algunos grupos de población, por ejemplo, para las niñas y adolescentes, para las personas con discapacidad, consideraciones sobre la autonomía. Esto es algo sobre lo que todavía nos falta trabajar mucho: la protección de la autonomía reproductiva de las personas con discapacidad. La mayoría de los países están muy atrasados en relación a los estándares que recomienda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

-Las redes de acompañantes tienen una enorme relevancia en la región, de ahí la fuerza con la que estas articulaciones crecen, ¿cuál es tu parecer en este sentido ante el avance de las derechas reaccionarias y ultraconservadoras a nivel global?

Sonia: Las redes de acompañante han sido clave en el acceso al aborto seguro pero yo te diría que no solamente en contextos restrictivos también en contextos donde la regulación es favorable, como en Argentina, y siguen siendo una opción a la que recurren muchas personas que necesitan un aborto. Porque tienen un tipo de abordaje, porque dan un tipo de acompañamiento que es muy distinto al que se puede obtener en el sistema de salud, que es igualmente válido y en términos de la seguridad y de la calidad del acompañamiento que proveen es respaldado en las recomendaciones de la OMS y de otros organismos de rectoría. Yo creo que la autogestión del aborto es uno de los temas que necesitamos fortalecer, debatir más y poner sobre la mesa porque es la llave para el acceso seguro de muchas personas por su preferencia particular, pero también porque el sistema de salud no llega a todos los lugares de un territorio y no llega de la misma forma en la que puede llegar el acompañamiento feminista. Esto es importante porque desde el punto de vista regulatorio lo que nosotras pudimos observar es que no todos los países, y ni siquiera la mayoría, han dado el paso hacia este reconocimiento. Cuando una revisa las normas de la región se da cuenta de que la mayoría sigue basada en los médicos, se sigue pensando que el aborto seguro solo puede ocurrir dentro del sistema de salud o con el acompañamiento del sistema de salud formal. Que estas otras maneras de acceder a las prácticas aunque esté probado que son seguras, no son parte de la política pública. Porque si se piensa que solo dentro del sistema de salud puede ocurrir un aborto seguro entonces impone una visita presencial o impone la receta para medicamentos que han sido declarados esenciales y la recomendación es que sean de venta libre. Por eso, es importante señalar esta falta de armonía de las normas regionales en su mayoría con las recomendaciones en relación al aborto autogestionado.

-En este informe trabajaron 26 organizaciones, ¿qué importancia tiene este trabajo conjunto?

Sonia: Primero quisiera resaltar el gran trabajo de 26 organizaciones de 16 países que estuvieron aportando desde distintos lugares con su trabajo en el relevamiento y procesamiento de estos datos. Un trabajo conjunto que nos muestra una forma de hacer las cosas, de observar las realidades, incluso en un trabajo como éste, que se centró en mirar las normas, en mirar qué dicen los textos normativos en distintos niveles para ver cómo es ese entorno en el cuál las prácticas de aborto, seguro, inseguro, legal, ilegal tienen lugar en nuestra región. Un hacer feminista que también se traduce en observaciones, conclusiones y una forma de compartir los trabajos y los estudios que hacemos. Creo que una de las cuestiones que pudimos conversar en los diferentes momentos compartidos es la importancia de tener información disponible para poder hacer estrategias y planear incidencia. Este estudio tiene un apartado específico que debe ser una preocupación específica de toda la región y es la situación de las compañeras de Centroamérica que se encuentran en países donde hay una prohibición total del aborto. Muchas veces esa prohibición total del aborto se acompaña con otro tipo de regulaciones que hacen además más inaccesible las prácticas y que generan muchas consecuencias negativas: la obligación de denunciar cualquier sospecha de aborto provocado, la imposibilidad de acceder a anticoncepción y a anticoncepción de emergencia en particular, la falta de protección y de garantías para la atención post aborto hace que eventos obstétricos que no son provocados, que fueron espontáneos, que no deberían ser judicializados terminen en judicializaciones que muchas veces son devastadoras.

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